Ley contra ONG en Nicaragua prende alarmas en oficina de Derechos Humanos de la ONU

La Ley General de Regulación y Control de Organismo Sin Fines de Lucro, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional controlada por la dictadura de Ortega Murillo, prendió las alarmas en la oficina de derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, manifestó su profunda preocupación por lo que supone ser la guillotina de los derechos y libertades civiles, cada vez más precarios en Nicaragua.

Esta legislación encargada por el régimen de Ortega a su mayoría parlamentaria, es criticada por la oposición de Nicaragua por sus propósitos de cerrar todo espacio social de pensamiento, desarrollo y disentimiento gubernamental.

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“Puede restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, en contravención de las obligaciones de derechos humanos del país…tememos que todo esto restrinja la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que intente criticar al Gobierno”, declaró la voz autorizada de la ONU.

La legislación aprobada a la medida de Ofrtega, indica que será la Dirección General de Registro y Control de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, la que autorice o no la puesta en marcha de los proyectos o programas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Además orienta que sea esta entidad la que responda a los requerimientos de la dictadura de vigilar y erradicar cualquier indicio en el que se proponga principios de democracia, libertades, derechos políticos, libertad de prensa, fiscalización del poder entre otros, consideran analistas independientes.

#Nicaragua????????: We are deeply concerned at a new law that further restricts the work of #CivilSociety.

The law has the stated aim of preventing money-laundering & the financing of terrorism, but instead deepens the crackdown on civic space.

????https://t.co/fEdOPPdRbS pic.twitter.com/WXCrezSpEN

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 9, 2022

Según la ONU esta ley “prohíbe que las oenegés realicen proselitismo político y partidos políticos, sin definir claramente qué se entiende por tales actividades, con lo que manifiesta la existencia de ambigüedades en los artículos que la comprenden”.

“La nueva ley también limita al 25 por ciento la proporción de lo que denomina ‘miembros’ extranjeros de ONG, lo que también limita la libertad de expresión y asociación de los ciudadanos extranjeros que residen en Nicaragua”, indicó Throssell.

En ese contexto, la oficina de la ONU condena que la aprobación de la ley ocurra en medio de la cancelación de la personería jurídica la pasada semana de 50 ONG, para sumar 137 en los primeros cinco meses de 2022 y unas 210 desde diciembre de 2018.

La ONU y su oficina de Derechos Humanos llamó una vez más a la administración sandinista a detener las ilegalizaciones de manera arbitraria y devolver las personerías a las oenegés canceladas desde 2018.

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” Exhortamos a las autoridades a devolver todos los bienes, documentos y equipos indebidamente incautados”, concluyó la Organización de las Naciones Unidas.