Toma de la OEA en Managua nunca ocurrió ni en las peores dictaduras de la región dice Luis Almagro

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió una misiva a la presidente del Consejo Permanente de esta organización, Elizabeth Darius-Clarke, en donde hace referencia a la situación de la Oficina Nacional en Nicaragua, tomada hace dos días por las fuerzas especiales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Almagro planteó en su carta que la toma de las instalaciones de la OEA en Nicaragua nunca había ocurrido ni en las peores dictaduras de la región, incluso las que ya ha vivido Nicaragua.

“Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora”, planteó Almagro.

En su misiva dirigida a Darius-Clarke detalla que el día domingo 24 de abril de 2022, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en conferencia de prensa, manifestó que el gobierno de Ortega expulsa a la Organización de los Estados Americanos”, calificando entre otros de “engendro” al Consejo Permanente y a los demás órganos de la OEA. Por decisión del Ministro en esa misma conferencia, declaró cerrada la Oficina de la Secretaría General de la OEA.

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“Inmediatamente después fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha Oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaria General pueden correr serios riesgos”, denuncia en la misiva Luis Almagro.

Ortega violó inmunidad de la OEA 

Almagro resalta que la Carta de la OEA en su artículo 133 establece que “la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”, por lo que con la acción ilegal del régimen de Ortega se violan esos derechos.

“Esta norma recoge una práctica consuetudinaria consagrada en todas las cartas constitutivas de organizaciones internacionales. Ejemplo de ello el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas, de redacción similar. Nicaragua está obligada por esta norma”, dice la misiva.

Nicaragua como Estado miembro de la OEA hasta el 2023, está obligada a respetar y cumplir con todos los acuerdos como el firmado en 1949, cuando se celebró el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos”, con sus Estados miembros, ratificado por Nicaragua el 25 de enero de 1961. Entre otras cosas, este Acuerdo dispone que “los locales de la Organización y de sus örganos son inviolables” (art.3), así como sus archivos y documentos (art.4), detalla también en su misiva Luis Almagro.

Agrega que el 2 de octubre de 1989 con la firma del Canciller Miguel d’Escoto, Nicaragua suscribió con la Secretaria General de la OEA el “Acuerdo General entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre el funcionamiento de la Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades”.

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“Este acuerdo detalla los privilegios e inmunidades que el Gobiemo le reconoce a la Oficina de la Secretaría General contra todo tipo de procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida, sin el consentimiento de las autoridades de la Secretaría General. También detalla las inmunidades que, contra todo arresto personal, detención o procesos administrativos o judiciales gozan los miembros del personal de la Oficina”, expresa Almagro.

Por último, dispone que “cualquier divergencia acerca de la aplicación o interpretación de las disposiciones de este Acuerdo, se someterá al procedimiento de solución que convengan el Gobiemo y la Secretaría General”. Es decir que ninguna de las partes puede, unilateralmente, interpretar su texto ni aplicarlo a su conveniencia, en donde Almagro advierte que Nicaragua está obligada por este Acuerdo.

Nicaragua sigue siendo parte de la OEA por dos años más 

Por carta de 18 de noviembre de 2021, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó al Secretario General de la OEA la denuncia de su Gobierno a la Carta de la OEA, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. El artículo alli mencionado dispone que la Carta “podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, detalla.

“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.

Luis Almagro indica que la nota fue recibida el 19 de noviembre de 2021 por lo que la denuncia se hará efectiva el 19 de noviembre de 2023, siempre y cuando para entonces haya cumplido con todas sus obligaciones.

“No hay posibilidad alguna de dar por terminada su condición de miembro de la OEA antes de esa fecha. Hasta entonces Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco ha celebrado”, expresa.

Denunció que el 24 de abril de 2022 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó a la Secretaría General de la OEA que “el Gobierno de Nicaragua cancela y cierra sus oficinas en nuestro país” y así lo hizo mediante el uso de la fuerza.

Considera que esta acción del régimen de Ortega es una flagrante violación de todas las normas antes reseñadas de la Carta de la OEA y de los Acuerdos de inmunidades y privilegios y que es contrario a los más fundamentales principios que regulan las relaciones entre Estados parte de organizaciones internacionales y sus funcionarios, dependencias y pertenencias.

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“En ningún caso estas normas admiten el cierre de oficinas unilateralmente. En todos los casos se requiere el acuerdo o el consentimiento de la Secretaría General”, denuncia.

De acuerdo a la misiva de Almagro, la acción llevada a cabo por el Gobierno Nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional.

“En ese sentido la condenamos y repudiamos. Se pone en conocimiento del Consejo Permanente para ulteriores acciones de la Organización y de sus Estados Miembros este informe de los hechos”, concluye.