Rosario Murillo promete cárcel al recordar conmemoración cívica de abril

Este 19 de abril los nicaragüenses que detractan al régimen conmemoran 4 años de lucha cívica y pacífica por la democracia, la libertad y la justicia, pese a la represión que predomina en las calles contra quien haga uso de sus derechos sociales, civiles y políticos.

Para la dictadura que sostiene, (esas demandas) “son crímenes de odio” y “atentan contra la paz”, en abril aumenta la vigilancia con el fin de evitar la mínima expresión de protesta y para quien se “atreva” la vice presidente directamente ofrece cárcel.

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El método no es ajeno a la conciencia de los ciudadanos, puesto que, en las celdas del Complejo Policial Evaristo Vásquez y los sistemas penitenciarios del país permanecen sometidos a tratos inhumanos más de 170 reos de conciencia que exigieron en las calles y públicamente el respeto de los derechos humanos, el cese de la persecución política y la devolución de la democracia al país.

“… Que nadie se atreva a alterar la paz y el derecho a la tranquilidad, a la seguridad; y a construir bienestar todas la familias nicaragüenses, aquí la condena es general, a quienes se atrevieron a romper la paz” sentenció la funcionaria sandinista.

Al respecto los organismos de derechos han llamado al ilegitimo gobierno Ortega-Murillo a respetar las libertades, entre ellas la manifestación, la expresión, y la prensa libre, flancos atacados duramente, empleando leyes restrictivas que se aplican a criterio político.

Sin embargo, en estos primeros cinco días del mes, la dinámica del orteguismo, que si bien es cierto se encuentra friccionado y convulso, ha sido el mantener en los discursos diarios las amenazas recetando la intervención de su mayor brazo represor, la policía, y asegurando prisión para cualquier oponente o critico.

“Ni perdón, ni olvido para los criminales, ni perdón, ni olvido para los terroristas, para los sanguinarios, para los promotores de horror, de la zozobra” recalcó Murillo en su alocución de este medio día.

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Ortega, Murillo y su gobierno son acusados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dar muerte a al menos 350 nicaragüense en el contexto de las protestas anti gubernamentales surgidas en abril 2018, las que hasta hoy permanecen en la impunidad.