Reforma a la Ley General de Educación es una aberración jurídica y represalia política contra la UCA afirman estudiantes

El diputado orteguista Gustavo Porras introdujo este martes una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en la que le buscan darle más poder al Consejo Nacional de Universidades, CNU, el cual se encuentra “contaminado” y cumple los caprichos de la pareja de dictadores.

Las reacciones por parte de activistas y líderes universitarios coinciden en que esta iniciativa es una “aberración jurídica” porque prácticamente la centralización para el manejo de la Educación Superior se está concretando con esta reforma.

“La dictadura sabe que la educación es la semilla de la rebeldía de Nicaragua y por tanto la quieren acabar, destruir y controlar”, concuerdan.

Para Alex Aguirre, integrante de Unidad Estudiantil, esta reforma viene a darle más el poder al CNU que no tenía antes de haber usurpado sus funciones para confiscar y violar el derecho a la propiedad privada de las universidades que realizaron a finales del 2021 y en los primeros meses del 2022.

Aguirre afirma que ahora el CNU deja de ser el ente estatal de asesoría y asistencia técnica a tener atribuciones que laceran la libertad académica, incluso de los institutos de educación superior privados.

“Con esto terminan de enterrar cualquier intento de asomo de autonomía universitaria que existía en el país”, expresó a Nicaragua Actual el activista estudiantil.

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Por su parte, Edgar Blanco, presidente de Acción Universitaria, considera que la reforma es un intento de controlar las instituciones de educación superior, como ya se ha venido haciendo de manera fáctica, pero ahora lo quieren hacer de manera legal, lo cual para él no deja de ser ilegítimo y de lacerar la autonomía universitaria.

“La reforma al artículo 12 está sometiendo a la Educación Superior ante los intereses del CNU y por tanto del gobierno, entonces hay que revisar esta parte, porque se dice que el CNU va a revisar los planes y perfiles o programas académicos de las universidades, lo cual es una clara violación a la autonomía”, dijo Blanco.

Así mismo, agregó que a pesar de que el CNU es un cuerpo colegiado, no tiene la autoridad ni las facultades legales para dictar lo que las universidades deben o no hacer.

Sacar a la UCA del CNU es una represalia política

Para algunos estudiantes y egresados de la UCA esta propuesta que pretenden aprobar el día de mañana en la Asamblea Nacional, es una represalia política a una de las instituciones que ha mantenido viva la llama del pensamiento crítico dentro del estudiantado y que, además, ha propiciado en tener un modelo fuera de los cánones que establece la dictadura, sometidos a la influencia político-partidaria del Frente Sandinista en la Educación Superior.

“Esa resistencia por parte de la Universidad Centroamericana UCA y esa posibilidad de seguir siendo una institución con prestigio y renombre que sigue empoderando a los estudiantes nicaragüenses sobre lo que es realmente un modelo de Educación Superior con autonomía universitaria, con libertad de cátedra, representa un peligro inminente para la dictadura”, explica Enrique Martínez, miembro del Concejo Político de la UNAB, quien se vio obligado a pausar sus estudios en la UCA por la represión y persecución de la dictadura.

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Esta misma opinión la comparte la activista universitaria Cristy Martínez, licenciada en Derecho, egresada de la UCA, quien considera que es una violación a la libertad académica y a la autonomía universitaria que por ley tiene derecho la Universidad Centroamericana.

“Cuando se realiza este tipo de actividades, atenta no solamente contra el derecho como tal, el derecho de la universidad de acceder a los recursos estatales porque la ley lo manda, sino que también limita el derecho de la educación de las personas de escasos recursos”, opina Martínez, quien agrega que la UCA  es la única que tiene una visión crítica, educación de calidad y la oportunidad de tener libertad de pensamiento.

Todos estos estudiantes nicaragüenses se encuentran en el exilio y manifiestan que deben seguir teniendo una posición clara, contundente y denunciar esta arbitrariedad que está cometiendo Gustavo Porras, en complicidad con los diputados de la Asamblea Nacional.

Debido a esto, los jóvenes proponen crear un bloque de resistencia y contundencia a través de las redes sociales que permita denunciar esta arbitrariedad que demuestra ser un atentado más a la Educación Superior en Nicaragua que ha venido siendo desgastada por la dictadura.