Centro Humboldt denuncia que MIGOB en reiteradas veces se negó a recibirles documentación

El Centro Humboldt reaccionó este jueves ante la cancelación de su personalidad jurídica a manos de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional.

Ante esta acción de la dictadura Ortega-Murillo, la organización ambiental ha denunciado a través de un comunicado que el Ministerio de Gobernación se negó a recibir documentación de su quehacer en reiteradas ocasiones.

“A partir del año 2020, comenzamos a enfrentar dificultades por la negativa de la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, quien en reiteradas ocasiones se negó a aceptar nuestra documentación legal y financiera, bajo distintos argumentos, no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”, reza parte del comunicado.

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Además refieren que “desde Centro Humboldt, en nuestros 32 años de trabajo hemos sido respetuosos del cumplimiento del Marco Jurídico Nacional y particularmente lo referido a las asociaciones civiles sin fines de lucro”.

A pesar de esta “arbitrariedad” el Centro Humboldt ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando por las causas ambientales, la protección, conservación de nuestros recursos naturales y desarrollo territorial.

“Agradecemos a la población nicaragüense, organizaciones, agencias de cooperación, academia, medios de comunicación, redes nacionales, regionales e internacionales de las que formamos parte y especialmente a nuestro colectivo por su compromiso social y ambiental que ha garantizado la calidad de nuestro trabajo técnico y científico, permitiéndonos por muchos años ser la organización referente en temas ambientales”, refieren también en este comunicado.

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Con el voto de 74 diputados orteguistas y 16 abstenciones, los legisladores de la Asamblea Nacional consumaron este jueves la cancelación de otras 25 oenegés, con estas ya alcanzan 122 organizaciones ilegalizadas por los sandinistas desde el 2018.

La propuesta de cancelación de personalidad jurídica de estas 25 organizaciones sin fines de lucro fue hecha por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez y tramitada por el Ministerio de Gobernación, bajo la dirección de Frania Urey Blandón.

Las 25 organizaciones fueron acusadas por supuestamente “violar las normas contra el lavado de dinero, así como las de orden administrativo que rigen su operación”. Además las señalan de no reportar sus juntas directivas, con lo que violan la ley general sobre personas jurídicas.