Opositores a Comunidad Internacional: “Pongan en marcha mecanismos para lograr libertad y elecciones justas”
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Un total de 34 organizaciones civiles, políticas y opositores se manifestaron por medio de un comunicado en el que denuncian el incremento de las violaciones a los Derechos Humanos, las detenciones arbitrarias de precandidatos, dirigentes políticos y periodistas, así como la persecución de la Prensa Independiente que desató de nueva cuenta la administración sandinista.
“Todos estos secuestros que han sido llevados a cabo bajo conceptos penales ambiguos y sin evidencia probatoria, violando todos los principios del debido proceso, efectuándose estos secuestros y allanamientos, al margen de los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal, en horas de la noche, sin órdenes judiciales”, se lee en el comunicado.
Las 34 organizaciones resaltan que la violencia ha predominado en el accionar desproporcionado de policías y civiles armados, conocidos como paramilitares, en allanamientos como los ejecutados en las viviendas de Humberto Belli y el comunicador Carlos Fernando Chamorro; los detractores que denuncian a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, contabilizan 130 presos políticos, para los que exigen el respeto a su integridad física y su plena libertad.
Por estas razones, los opositores, urgen a la Comunidad Internacional reaccione apegada a los preceptos de defensa de los Derechos Humanos y actué para que, Ortega-Murillo, reencaucen al país en las sendas de la democracia.
“Solicitamos a la Comunidad Internacional exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y democracia y además tomar como base las recomendaciones hechas por la OEA, de lo contrario, solicitamos pongan en marcha los mecanismos internacionales, creados para corregir dichos distanciamientos”, escribieron los opositores.
Para los nicaragüenses que se enfrentan políticamente contra la dictadura, la alternativa de las elecciones previstas para este domingo 7 de noviembre, es cada día más una opción en la que no se tiene garantía del respeto a la decisión de los ciudadanos; en vista del dominio absoluto del FSLN en el Consejo Supremo Electoral y las judicializaciones a precandidatos, lo que supone nula posibilidad de elección democrática.
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