• San José, Costa Rica
  • 4:04 pm
  • Jun 10, 2026

Presentan acusación formal contra sospechosos del asesinato de Samcam

Tras casi un año de averiguaciones, el caso apunta a una red de paramilitares sandinistas coordinando con sicarios en Costa Rica a través de un reo nicaragüense.

roberto samcam mayor en retiro del ejercito de nicaragua

Roberto Samcam, exmilitar y opositor al régimen sandinista, asesinado en Costa Rica el 19 de mayo de 2025.

  • Cortesía

La Fiscalía de Goicoechea, provincia de San José, Costa Rica, presentó la acusación formal contra los sospechosos del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruiz, solicitando la apertura de un juicio oral y público por el crimen ocurrido en junio de 2025, según informes de la prensa costarricense el miércoles, 10 de junio.

La acusación ahora avanzará hacia una audiencia preliminar en la que un juez deberá determinar si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio. Federico Campos, abogado de la familia de Samcam, confirmó a medios costarricenses que los familiares de la víctima participarán activamente en el proceso mediante una querella privada.

El Ministerio Público nos notificó que ya existe una acusación. Tenemos un plazo de tres días para indicar si vamos a presentar una querella y luego 10 días para formalizarla. Sí vamos a presentar querella“, declaró el jurista al medio CRHoy.

Roberto Samcam fue asesinado el 19 de junio de 2025 dentro del Condominio Naples, en San Vicente de Moravia, al norte de San José. Un pistolero había ingresado a la residencia, acabando con su vida por motivos todavía no completamente esclarecidos, aunque la principal hipótesis ha sido la de un golpe político.

Paramilitares sandinistas señalados

Samcam era un militar retirado que sirvió al Ejército Popular Sandinista (EPS) durante la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990), dejando la institución en 1991.

Posteriormente, se distanció del Frente Sandinista como organización, pero mantuvo convicciones sandinistas con las que militó en la escisión reformista, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), aunque eventualmente también se apartó de esa organización.

Samcam se convirtió en una de las voces más críticas contra el régimen dictatorial que construirían Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de 2007. En 2018, tomó parte activa del estallido social y debió exiliarse ante amenazas de la dictadura.

Las autoridades costarricenses sostienen que el crimen habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada. De acuerdo con el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la operación fue coordinada presuntamente por el nicaragüense Kenny Hosman Navarrete Vallecillo desde un centro penitenciario en Alajuela.

Navarrete presuntamente mantenía vínculos con una red de sicarios y con una agrupación de afinidad sandinista residente en Carazo, departamento natal de Samcam. Los principales imputados son Luis Orozco , Bryan Robles, Danilo Chaves y Luis Carvajal, en su mayoría detenidos el 12 de septiembre de 2025, meses después del asesinato de Samcam.

El trabajo de la OIJ apunta a que el asesinato podría estar relacionado con una estructura de persecución contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Según los investigadores, desde Nicaragua se identificarían objetivos considerados adversarios del régimen, cuyas actividades son monitoreadas antes de autorizar acciones en su contra.

En el caso de Samcam, la investigación ha identificado posibles vínculos con actores ubicados en el departamento de Carazo y sostiene que la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército de Nicaragua habría verificado información sobre el opositor y autorizado la operación.

Posteriormente, la ejecución habría sido encomendada al grupo paramilitar conocido como “Los Colochos”, siendo Navarrete un enlace esencial.

El propio Samcam, según comunicaciones extraídas por el OIJ de dispositivos electrónicos del interfecto, había advertido a un agente de la Inteligencia costarricense sobre Navarrete y sobre la existencia del grupo paramilitar. Pero el Estado costarricense no actuó para protegerlo, a pesar de estar bajo estatus de refugiado.

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