Claudia Vargas denuncia red de espionaje y represión transnacional ante CIDH

La activista y defensora de derechos humanos Claudia Vargas, viuda del opositor Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en 2025, afirmó que la represión transnacional ejercida por regímenes autoritarios de la región está siendo examinada de forma cada vez más directa por organismos internacionales, tras su participación en una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes, 13 de marzo.

En entrevista con Nicaragua Actual, Vargas explicó que el encuentro abordó casos vinculados a Nicaragua, Venezuela y Cuba, países cuyos gobiernos han sido señalados en repetidas ocasiones por perseguir a opositores incluso fuera de sus fronteras.

Según la activista, los testimonios de las comunidades exiliadas han permitido confirmar patrones similares de persecución política en los tres países. “Hoy pudimos examinar y comprobar lo que los exiliados hemos venido denunciando desde hace tiempo… los mismos patrones”, sostuvo.

“Fue una audiencia regional que involucró no solamente a Nicaragua, sino también a Venezuela y a Cuba. Creo que uno de los aportes novedosos es que el tema de la represión transnacional se esté examinando de manera oficial y pública”, afirmó Vargas.

La audiencia también destacó el papel que han tenido los informes elaborados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Naciones Unidas, y por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), cuyos informes documentan de forma exhaustiva las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Vargas subrayó que estos informes se sustentan en la información aportada por víctimas y testigos dentro y fuera del país, “se alimentan de la denuncia ciudadana, se nutren del testimonio de cada una de las personas que dentro de Nicaragua se atreven a romper el silencio y también de quienes denuncian desde el exilio”, explicó.

Valdrack: el espía

Uno de los puntos más sensibles abordados durante la audiencia fue el papel del cocanciller sandinista Valdrack Jaentschke en operaciones de vigilancia contra opositores en el extranjero. Vargas afirmó que desde hace años existían denuncias dentro de la diáspora sobre su presencia en Costa Rica con fines de recolección de inteligencia de opositores en el exilio.

“Estos informes confirman lo que la población exiliada ha venido denunciando: que Valdrack Jaentschke estuvo en Costa Rica, visitó la embajada de Nicaragua y realizaba labores de espionaje e inteligencia para ubicar a liderazgos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”, señaló.

Según la activista, ese trabajo tenía como objetivo identificar, vigilar y amedrentar a opositores. Recordó que su esposo asesinado, Roberto Samcam, había denunciado públicamente estas actividades antes de ser asesinado en Costa Rica, un crimen que organizaciones de derechos humanos consideran vinculado a la represión transnacional del régimen.

Durante la audiencia, Vargas y otros involucrados solicitaron que este tipo de persecución sea reconocido formalmente como una forma de violencia política que trasciende fronteras. También pidieron medidas de protección para las comunidades exiliadas. “Los países de acogida deben seguir siendo países de refugio y no se puede tolerar que se violen las fronteras para atacar a exiliados políticos”, afirmó.

Entre las propuestas presentadas figura la creación de protocolos específicos de protección para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que viven en el exilio, especialmente en países como Costa Rica, que alberga a decenas de miles de nicaragüenses que huyeron de la represión iniciada tras las protestas de 2018.

Vargas explicó que los mecanismos actuales de protección en Costa Rica no se adaptan a la realidad de quienes continúan denunciando abusos desde el exilio. “El plan de protección existente plantea básicamente la reducción total de la visibilidad pública… pero nosotros somos activistas y periodistas. No podemos dejar de denunciar ni invisibilizarnos”, repuso.

A pesar de los riesgos, la defensora insistió en que Costa Rica sigue siendo un espacio clave para la resistencia democrática nicaragüense, una plataforma de lanzamiento para el retorno. “Quiero pensar que Costa Rica sigue siendo un país de refugio… este no es mi destino final; mi objetivo es regresar a Nicaragua”, afirmó.

El caso Samcam

La activista también se refirió a la investigación por el asesinato de su esposo, aún en curso en el sistema de Justicia costarricense. Señaló que la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación de carácter político que podrían vincular el crimen con estructuras de inteligencia del Estado nicaragüense.

“Estamos hablando de un aparato represivo de una dictadura que cruza fronteras, que viola la soberanía de Costa Rica y que además se mezcla con dinámicas de crimen organizado y sicariato”, explicó.

Según Vargas, actualmente hay personas detenidas bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación. La Fiscalía solicitó extender estas medidas por seis meses adicionales, y se espera que, una vez concluida esa etapa, se presente una acusación formal contra los implicados.

Paralelamente, organizaciones de derechos humanos han pedido que organismos internacionales como la CIDH y GHREN realicen una visita oficial a Costa Rica para compartir información recopilada durante años sobre redes de represión transnacional vinculadas al régimen nicaragüense.

“Esa información incluye perfiles de perpetradores y documentación sobre exiliados que podría ser de gran utilidad para el Organismo de Investigación Judicial y para el Poder Judicial costarricense”, afirmó Vargas.

Para la defensora, el desafío ahora es que los pronunciamientos internacionales se traduzcan en acciones concretas. “Lo más importante es que el mensaje de no tolerancia a la impunidad se traduzca en práctica y en garantías reales de protección para quienes seguimos denunciando”, concluyó.