• San José, Costa Rica
  • 12:08 pm
  • Nov 26, 2025

Asamblea ratifica nombramiento de magistrados leales a Murillo en la CSJ

Tres de los cinco nuevos magistrados son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.

Asamblea Nacional aprueba "Declaración" en apoyo a Palestina frente a ataques contra Israel.

La Asamblea Nacional, bajo control sandinista. Imagen de referencia.

  • Medios Oficialistas

La Asamblea Nacional, bajo control del régimen sandinista, ratificó el nombramiento de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) propuestos desde Presidencia este miércoles, 26 de noviembre, tras conocerse ayer la dimisión de tres magistrados.

Los nuevos magistrados son Ana Julia Guido OchoaErnesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh AndinoJosé Manuel Fuertes Toledo Shyra Bonilyn Welcome Crawford.

Estos vienen a reemplazar a los ex-magistrados Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Armengol Cuadra, Yadira Centeno y Ellen Joy, quienes renunciaron entre el 20 y el 23 de noviembre, presuntamente bajo órdenes de Murillo.

Tres de los nuevos magistrados (Guido, Rodríguez, Rothschuh) han sido sancionados por instituciones estadounidenses debido a su participación en la represión contra manifestantes durante el estallido social de 2018.

En concreto, se les acusa de cómplices en farsas judiciales, prisión injusta y de facilitar tratos inhumanos contra opositores de la dictadura sandinista, constituyendo crímenes de lesa humanidad.

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez aseguró, sin embargo, que estos individuos “no han violentado los principios constitucionales” ni la Ley, por lo que fueron admitidos a sus cargos.

El presidente de la Asamblea, el también sandinista Gustavo Porras, informó que los nuevos magistrados serán juramentados el jueves, 27 de noviembre.

Se trata de una barrida en toda regla dentro del tribunal supremo del país, a instancias de la codictadora Rosario Murillo.

Desde finales de 2023, Murillo está enfrascada en una reestructuración de los poderes del Estado, reflejado no sólo en sus cambios a la constitución a finales de 2024, sino además en el despido de miles de empleados públicos y movimientos erráticos de operadores políticos en ministerios y otras instituciones.

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