Tras considerar como una bajeza y ferocidad el ensañamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la familia Álvarez-Horvilleur, cinco organizaciones de Francia firmaron un pronunciamiento el pasado jueves, en donde exigen a las autoridades francesas que intervengan por la liberación de los Álvarez-Horvilleur.
En su escrito, las organizaciones condenan la persecución política llevada a cabo por el régimen Ortega-Murillo contra las dos ciudadanas nica-francesas, Jeanine Horvilleur y Ana Carolina Álvarez y de Félix Roiz.

“Exigimos su liberación incondicional y el abandono de los procesos judiciales contra ellos”, resalta el documento firmado por las cinco organizaciones.

Los recientes 17 y 18 de enero, el Poder Judicial, al servicio de la pareja dictatorial, celebró un juicio político en contra de Jeanine Horvilleur, Ana Carolina Álvarez y su esposo Félix Roiz, quienes fueron condenados a ocho y 10 años de cárcel.

Los organismos firmantes indican que fueron condenados “por la única razón de que ellas (y él) son respectivamente esposa, hija y yerno de Javier Álvarez, opositor político perseguido por la dictadura”.

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Policía de Ortega encarcela a familia para chantajear a opositor 

En el pronunciamiento destacan que al no poder detener al opositor Javier Álvarez en su domicilio, el 13 de septiembre de 2022, la Policía orteguista encarceló a su familia para obligarle a entregarse.

“Al fracasar este odioso chantaje, la justicia no dudó en instruir su proceso y exigir esta sentencia inverosímil. Exigimos su liberación incondicional y el abandono de los cargos contra ellos”, exigen.

Así mismo, indicaron que aunque las dos mujeres encarceladas son franco-nicaragüenses, a Jeanine Horvilleur y a su hija Ana Carolina no se les ha permitido el derecho a las visitas consulares. Por ello, solicitaron a las autoridades francesas que intervengan cuanto antes para obtener su liberación y la de Félix Roiz, que se les retiren los cargos que pesan contra ellos y que les concedan asilo político.

Las cinco organizaciones recordaron también que hay más de 230 presos políticos en las diferentes cárceles del país, detenidos y condenados arbitrariamente y que son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la tortura.

Acusados por delitos políticos

La familia nica francesa fue capturada en horas de la noche del pasado año como rehenes por la búsqueda y detención de Álvarez Zamora, quien decidió exiliarse en Costa Rica, previo a la orden del régimen de pretender capturarlo y enjuiciarlo por oponerse al discurso oficialista.

Los tres miembros de la familia estuvieron casi 4 meses secuestrados bajo limbo jurídico luego de ser acusados junto a 10 opositores más, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”.

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Desde el exilio, Javier Álvarez Zamora denunció que la detención de sus familiares fue “sin orden judicial y sin presentar razones, de forma arbitraria e injusta”.

El perseguido político señaló que “esta nueva modalidad”, que implementa la guardia sandinista, de “detener a los familiares de un opositor, al no encontrarle, es una gravísima agresión y vulneración de los derechos humanos más elementales, al transferir una supuesta culpa a sus familiares directos”.

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