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Parlamento Europeo promete más sanciones contra la dictadura

Activistas ante el Parlamento Europeo, solicitaron la suspensión de financiamiento internacional al régimen de los Ortega Murillo.

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Miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo abordaron la situación de la crisis sociopolítica de Nicaragua y prometieron “empujar” sanciones drásticas, más allá de las individuales, que incapaciten a “los tiranos” y presionen la salida de la dictadura Ortega Murillo.

“El 85% se negó a participar en esta farsa (electoral), yo mismo, junto con mi grupo político queremos asegurarnos de que este asunto se discuta en el próximo pleno que se va a celebrar en el mes de diciembre, ahí, propondremos una vez más que se apruebe una resolución para condenar públicamente lo sucedido en las elecciones (…), ahí también, debemos pedir acciones muy concretas y solicitar sanciones adicionales en el marco del llamado Magnitsky Act Europeo, para todos aquellos participantes en las violaciones de los derechos humanos, incluyendo al señor Ortega”, dijo el eurodiputado Leopoldo López Gil.

Así mismo, María Soraya Rodríguez Ramos, europarlamentaria, insistió en romper “la impunidad de esta dictadura” y pidió, más sanciones al entramado económico familiar del régimen familiar de Ortega y Murillo, “que están como una sociedad anónima saqueando todo el país.

“La delegación de la Unión Europea tenemos que ser los ojos de Europa en Nicaragua y tenemos realmente que abrirles espacio para ayudarles, porque si no apoyamos a quienes defienden la democracia, pues realmente estos no tienen más opción que la cárcel o el exilio”, intervino Rodríguez Ramos.

Solicitan revisión de financiamiento y cooperación internacional a la dictadura 

En la sesión también participaron activistas nicaragüenses como Haydée Castillo, quien propuso al Parlamento, la conformación de una Comisión Humanitaria Internacional por la liberación de las presas y presos políticos, con participación de Estados miembros de la UE junto a Canadá, El Estado Vaticano, Panamá, Chile, Paraguay, la CIDH, la Oacnudh y la Cruz Roja Internacional.

No obstante, la activista desde su exilio, solicitó ante el organismo internacional, la suspensión del financiamiento de entidades monetarias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que, según Castillo, con los préstamos aprobados de estas entidades, el régimen sostiene su aparato represor.

“El régimen demostró que no entiende ni de diálogos ni de marcos democráticos, ni de exhortaciones ni llamamientos, sigue aferrado al poder y decidió seguirlo usurpando y no se avizora ninguna voluntad en abandonarlo por los canales establecidos en el marco democrático”, señaló la activista nicaragüense.

Por su parte, Olga Valle de Urnas Abiertas, presentó a la Comisión Europea, una ruta para el desconocimiento efectivo de la dictadura familiar de Ortega y Murillo, que pretende tomar sesión el 10 de enero del 2022.

Lo anterior implicará sanciones y acciones en materia diplomáticas y de negocios, realizando con celeridad toda la presión que esté al alcance del órgano para el restablecimiento de las libertades, liberación de las personas presas políticas y el levantamiento del Estado policial.

“Ordenar una investigación sobre la corrupción y el desvío de fondos realizados por la administración de Daniel Ortega, fondos provenientes de Europa, para aplicar las medidas correspondientes. Solicitamos especialmente que se debata a la luz de este parlamento el manejo de acción que tiene España como socio extra regional en el financiamiento que recibe Nicaragua, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, pidió Valle en la sesión.

LEER ADEMÁS: Campaña “Navidad Sin Presas Ni Presos Políticos” busca la liberación definitiva de las personas reas politicas

Así mismo, dentro de las peticiones de Urnas abiertas, se planteó garantizar un acompañamiento efectivo para luego de haberse restablecido el orden constitucional, se lleven elecciones íntegras y legítimas, bajo la administración, que no estén vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

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