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“Ortega no es dueño de Nicaragua”, dice el Cenidh tras negarle la entrada al padre de Lesther Alemán

Ningún funcionario puede arrogarse la atribución de impedir la entrada a otro nicaragüense, porque existe el derecho de circular y fijar la residencia en cualquier parte del territorio nacional; entrar y salir libremente del país, dice la Constitución.

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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideró como una violación a los derechos humanos de parte de la dictadura de Daniel Ortega, al negarle la entrada al país a Lesther Javier Alemán, padre del líder universitario y secuestrado político, Lesther Lenin Alemán.

“Daniel Ortega no es el dueño de #Nicaragua. Negarle entrada al ciudadano nicaragüense Lester Javier Alemán padre del secuestrado político @LestherLAleman es una violación flagrante a sus #DDHH consagrados en el art.31 Cn. y el art 13 de la #DUDH”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.

La negativa de la entrada de Alemán al país por parte de las autoridades de Migración, a cargo de Juan Emilio Rivas Benítez, Director de Migración y Extranjería, fue denunciada por la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, la noche de este viernes.

“Esta tarde el gobierno de Nicaragua negó la entrada al país al señor Lesther Javier Alemán…tras arribar a Nicaragua a las 5pm…Tras fungir como mercenario de esta dictadura al impedir el ingreso a un ciudadano nicaragüense al país de su nacionalidad por razones políticas y asegurarle no tener derecho a entrar a su país”, denunció en un comunicado AUN.

De acuerdo al jurista Yader Morazán, experto en temas de Derechos Humanos, ningún funcionario puede arrogarse la atribución de impedir la entrada a otro nicaragüense, porque existe el derecho de circular y fijar la residencia en cualquier parte del territorio nacional; entrar y salir libremente del país. Art. 32 de la Constitución Política.

La dictadura de Daniel Ortega capturó a Lesther Alemán y al líder estudiantil Max Jeréz el 5 de julio y les aplicaron la Ley de “Soberanía” que es parte del paquete de leyes represivas que aprobaron diputados sandinistas el año pasado y se la aplicaron a dirigentes de oposición a cuatro meses de realizarse las elecciones en Nicaragua.

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