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Organizaciones sociales de Nicaragua, exilio y diásporas piden a la OEA y UE desconocer votaciones de Ortega

También solicitan a la comunidad internacional una estrategia que incorpore la visión de la sociedad civil para encontrar una salida a la crisis

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A un poco más de 20 días de llevarse a cabo los comicios electorales en Nicaragua en los que se cree Ortega-Murillo oficializarán su permanencia en el poder por medio de las armas, la represión y la cárcel, 20 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Nicaragua piden por medio de una carta a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea “el desconocimiento del fraude electoral y sus resultado”.

“Solicitando que declaren la ilegitimidad de las elecciones convocadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo para el próximo 7 de noviembre en vista de las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos” cita el documento de los grupos opositores.

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En ese mismo documento recuerdan que la dictadura mantiene detenido a 155 reos de conciencia que incluye a los 7 aspirantes presidenciales y reseñaron el proceder arbitrario del orteguismo al ordenar al Consejo Supremo Electoral la cancelación de la personalidad jurídica a los partidos Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática con los que consideran “la verdadera oposición competirían en las elecciones”.

“De igual manera solicitan (las organizaciones) una estrategia unida de parte de toda la Comunidad Internacional y que incorpore la visión de la sociedad civil nicaragüense para encontrar una salida sostenida a la crisis”

En estas agrupaciones se encuentran exiliados y las diásporas del país las que tocan puertas a nivel internacional para sumar fuerzas en lo que denominan el recate de la democracia y las libertad de Nicaragua pulverizadas por los abusos de poder, la instalación de un estado fallido y el nulo respeto a los derechos sociales y políticos.

La carta en la que demandan la ilegitimidad del caudillo sandinista acusado, junto a su esposa la vice presidente Rosario Murillo, de ordenar el asesinato de más de 300 manifestantes entre estudiantes, campesinos y población en general, es firmada por “todas las organizaciones de presos y presas políticas” así como la Asociación Víctimas de Abril (OVA); esperan su mensaje llegue a los 34 Estados miembros de la OEA y al Consejo de Ministros de la Unión Europea. 

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