El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien estaba a cargo de la Diócesis de Matagalpa, ubicada a unos 130 kilómetros de Managua, cumplió más de tres meses encerrado en una residencia en la capital sin que se conozcan cargos en su contra.

La justicia nicaragüense acusó a siete personas que se encontraban junto al religioso del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.

La acusación se dio luego de que el obispo Álvarez fuera sacado por la Policía Nacional en horas de la madrugada del 19 de agosto y trasladado con las 7 personas que lo acompañaban a Managua.

El obispo fue llevado, según las autoridades, a una casa donde se encuentra “bajo resguardo domiciliar” y los acompañantes fueron trasladados a la cárcel conocida como el Chipote.

Dentro de los acusados se encuentran cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa.

No existe acusación pese a que está encerrado en una vivienda

De acuerdo con una reforma al Código Procesal de Nicaragua, una persona puede ser investigada durante tres meses sin que se le imputen cargos, pero para ello debe realizarse una audiencia preliminar en donde un juez dicte la necesidad de ampliar el caso.

“Se trata de una detención arbitraria e inconstitucional, está privada su libertad. La Constitución se encarga de señalar que una persona puede ser privada de libertad por ser encontrada en “flagrante delito” o por una orden judicial”, dice al respecto el abogado del Colectivo de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión.

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En eso coincide la investigadora y abogada Martha Patricia Molina, quien recalca que en el sistema judicial no aparece ninguna acusación en contra de monseñor Álvarez, de modo que considera que su condición se podría calificar como “secuestro”.

“La situación del obispo Álvarez es de secuestro. Fue trasladado hacia otro local, ya lleva 97 días secuestrado, en este delito penal, se agrava cuando pasan diez días de secuestrado y es más grave cuando está involucrada una autoridad”, asegura la experta a la VOA.

El gobierno de Ortega no se ha pronunciado al respecto, sin embargo la Policía Nacional dijo en una nota de prensa el día de la detención que esta fue realizada “al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras” supuestamente auspiciadas por el religioso.

“Lo más lógico es que después de la detención se pronunciara la Policía, y dijeran en una audiencia de garantías que (el sacerdote) será investigado por 90 días, él sigue bajo secuestro”, indicó Molina.

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Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el presidente Daniel Ortega, quien ha tildado las manifestaciones de “golpistas”.

El mandatario ha acusado a la Iglesia Católica de “demonios con sotana” y desde el 2022 ha arrestado a al menos 11 sacerdotes, y varios laicos.

Estados Unidos, así como otros países han demandado el cese a la persecución de la Iglesia y han alertado a la comunidad internacional sobre la situación que se vive en el país centroamericano.

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