DESPACHO 505

Alrededor del mundo la pandemia del coronavirus no solo generó crisis. Hábiles emprendedores y personas bajo la presión del desempleo encontraron oportunidades de negocio. Nicaragua no fue ajena a este fenómeno, sólo que entre los actores que entraron “pisando seguro” en el mercado se impuso el Ministerio de Salud con el servicio de toma de prueba PCR, que la misma institución estableció como requisito para entrar o salir del país.

Desde el año 2020, cuando el Ministerio de Salud comenzó a cobrar 150 dólares por la prueba a cada viajero, el uso y destino de esos fondos ha sido objeto de cuestión. No existe rastro de ese dinero, pero si se toma como muestra el año 2021, el cobro de PCR habría generado al Minsa al menos 102.7 millones de dólares, según cálculos realizados por DESPACHO 505 a partir de los registros migratorios oficiales.

De acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), en el 2021 el flujo migratorio fue de 684.862 personas: 372.437 nacionales que salieron del país y 312.425 extranjeros que ingresaron como turistas. Ambos grupos -según la normativa en vigor- obligados a pagar por la prueba.

Captura de pantalla de las Estadísticas de movimientos migratorios del Intur en el año 2021. DESPACHO 505
Captura de pantalla de las Estadísticas de movimientos migratorios del Intur en el año 2021. DESPACHO 505

UN NEGOCIO EXCLUSIVO

Expertos consultados por DESPACHO 505 advierten que el cálculo realizado, pese a estar basado en datos oficiales, tienen un margen de error, dada la opacidad con que se gestiona el servicio estatal.

Sin embargo, destacan que permite acercarse a las ganancias brutas que ha dejado de un negocio que se instauró con la ventaja del control autoritario, ya que el régimen de Daniel Ortega, por medio del Minsa, centralizó las pruebas diagnósticas para la detección del virus SARS Cov-2 sin tomar en cuenta la limitada capacidad de dicha institución para realizarlas.

En su momento, la empresa privada, asociaciones médicas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insistieron a las autoridades sanitarias nicaragüenses que autorizara a laboratorios privados, practicarlas. Los sectores empresariales abogaban por facilitar los trámites para los viajeros y, con ello, rescatar de su peor crisis la actividad turística. En tanto, las asociaciones médicas solicitaron descentralizar las pruebas, tanto para abaratar los costos como para la detección temprana y oportuna de la enfermedad. El Minsa optó por mantener el control absoluto.

Como parte de la centralización del «negocio», en agosto de 2021 la sancionada Rosario Murillo anunció la inauguración de un nuevo laboratorio para tomar y procesar muestras para detectar la Covid-19 a un costo de 63 millones de córdobas, pero no se conocen detalles de su operación.

Este centro, dijo, permitiría aliviar la carga del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), el único del que disponía Nicaragua para realizar la prueba y que funciona en el Complejo Concepción Palacios, en Managua.

En enero de 2021, tras la reactivación de los vuelos a Estados Unidos, la centralización de las pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 se le salió de control al Minsa. Las aglomeraciones y filas interminables para recibir o solicitar el examen exigido para poder salir del país puso en evidencia su falta de capacidad.

COBRAR UN SERVICIO NO ESTÁ PROHIBIDO PERO NO HAY TRANSPARENCIA

El Minsa estableció la prueba PCR negativa como requisito para los viajeros en julio del año 2020, para atender la necesidad de los nicaragüenses que viajan a países que le apliquen la reciprocidad a Nicaragua sobre el requerimiento de la prueba negativa de Covid-19 para ingresar al país, y estableció el cobro por ese servicio en 150 dólares.

Apartando la centralización del servicio, expertos en temas de gestión pública consultados explican a DESPACHO 505 que «no es prohibido» que una institución pública establezca un cobro por determinado servicio, el problema radica en la gestión discrecional que se haga de dicho servicio, pues levanta sospechas de corrupción.

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“Esa falta de transparencia, esa opacidad ha sido una de las características más difíciles con las que hemos tenido que lidiar” en la gestión de la pandemia y del cobro establecido por las pruebas PCR, señala un investigador del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción que no puede ser identificado por seguridad.

A la fecha, las autoridades nacionales se reservan información relativa a la cantidad de pruebas han sido aplicadas, la inversión en insumos, el monto que ha ingresado por el cobro y el destino del dinero generado.

Los cálculos brutos, a partir del número de viajeros regulares reportados por el Intur en el año 2021 indican que el Minsa recibió U$102.729.300 millones, no obstante las estadísticas correspondientes a la segunda mitad del año 2020 no están disponibles.

Una especialista en temas de Transparencia y Gestión Pública cuya identidad debe ser reservada por el riesgo de cárcel que corren quienes cuestionan la gestión pública en Nicaragua, reitera que el cobro por las pruebas está dentro de lo que se conoce como Renta con destino específico, y que aplica para recursos que se obtienen por la prestación de un servicio.

Lo correcto es que los recursos que percibe el Ministerio de Salud ingresen al erario público. En ese proceso, «debe de haber transparencia», enfatiza al señalar que en el caso específico de las pruebas PCR, aunque se estima que ha generado ingresos altos «no sabemos a cuánto asciende y tampoco sabemos qué se ha hecho con esos recursos”.

Lo idóneo es este tipo de fondos se destine a mejorar la calidad del servicio que presta la institución, como «mejorar condiciones en hospitales, centros de salud o comprar materiales complementarios que se requieren en la atención de la ciudadanía que sigue padeciendo, porque es una pandemia que no hemos salido de ella”, indica la fuente.

Los recursos captados en las PCR no han sido detallados en el Presupuesto General de la República, tampoco existe un informe oficial de la institución rectora.

En el Presupuesto General de la República del 2021, el Minsa únicamente reportó C$77.175.000 como Renta con destino específico, además de no indicar el concepto el monto es inferior a la estimación de lo que habría percibido ese año.

UN NEGOCIO QUE EMPIEZA A CAER

La principal crítica que hacen los expertos a las autoridades es que el cobro de las PCR haya surgido y muera bajo completa opacidad. Lo señalan tomando en cuenta que los tres principales países de destino de los nicaragüenses en el año 2021 han puesto fin al requisito de la prueba negativa para coronavirus.

Estados Unidos dejó de exigir prueba negativa para Covid-19 el domingo 12 de junio, una medida que Costa Rica había adoptado desde el pasado mes de abril. En el caso de Honduras, sólo exige la presentación de un carné de vacunación con al menos dos dosis administradas.

Según el anuario estadístico del Intur, el año pasado Estados Unidos, Costa Rica y Honduras fueron los principales países de destino de los nicaragüenses.

Las cifras indican que 106.327 nicaragüenses viajaron al país vecino del Sur, 81,023 marcaron salida hacia Honduras y 82.941a Estados Unidos.

El mismo documento refleja que el año pasado de los 372.437 nacionales que salieron de manera regular del país 256.668 lo hizo por vía terrestre; 115.476 utilizaron el aeropuerto internacional y 293 la vía acuática.

LA PCR DEJARÁ DE SER UN REQUISITO DE VIAJE

Un investigador del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción explicó que las PCR pronto dejarán de ser rentables para el Minsa, ya que cada día más países están eliminando esta prueba de sus requisitos de ingreso.

El epidemiólogo Leonel Argüello considera que la decisión de los Estados Unidos de dejar de solicitar la prueba PCR negativa a los viajeros tendrá un efecto dominó y refleja que sus autoridades tienen un control y vigilancia de los casos.

“Al no exigir la prueba, Estados Unidos da la pauta para que otros países no la exijan. Sería un beneficio para la población nicaragüense el hecho de no tener que gastar 150 dólares por una prueba que debería ser gratuita, no solamente para viajar sino para conocer cómo estamos en Nicaragua”, apunta el epidemiólogo.

«OSCURIDAD TOTAL»

Para Ana Quirós, directiva del ilegalizado Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) el régimen de Nicaragua ha mostrado una actitud “mercantil” frente a la Covid-19.

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Cuestiona que en otros países, además de que el costo de la prueba es menor, está disponible en laboratorios públicos y privados lo que la hace más accesible a la población y su acceso no está limitado a un motivo de viaje.

“La actitud del Gobierno de Nicaragua con relación al Covid, ha sido, ya no de opacidad, sino de oscuridad total”, valora Quirós.

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