Ortega se otorga plenos poderes para utilizar dinero incautado a necesidades “presupuestarias”

Los diputados de la oficialista Asamblea Nacional aprobaron este martes una reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, cuyo fin es utilizar el dinero ocupado de la venta de bienes en subasta  para “necesidades presupuestarias”.

La reforma a la Ley 735 blinda al régimen sandinista con bienes y millones de dólares retenidos por la Policía y el Ejercito de Nicaragua al narcotráfico, luego que se aprobara con carácter urgencia la enmienda de Ortega con 81 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra.

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De acuerdo a lo anunciado por el Parlamento Nacional, se modificó el Artículo 56 para hacerlo consistente con lo dispuesto en el Artículo 48, cuyo artículo propone que los bienes pecuniarios sean depositados en la cuenta de la Tesorería General de la República en el Banco Central de Nicaragua (BCN), y no al sistema financiero nacional como estaba estipulado.

Y en el artículo 58, los diputados, proponen “que el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subastas sea destinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una parte para los gastos administrativos de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados y de las instituciones relacionadas con la aplicación de la presente Ley y la parte restante para cubrir necesidades presupuestarias”.

“Queda claro que la disposición de esos activos procedentes de los bienes subastados van a ser destinados al Ministerio de Hacienda para cubrir necesidades presupuestarias previa autorización de la presidencia de la República”, explicó Gustavo Porras, presidente sancionado de la Asamblea Nacional.

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Con esta reforma, Ortega ordena quitarle las facultades a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados, cuya institución era la encargada de administrar esos recursos.