Opositores denuncian que Ortega continúa convirtiendo a Nicaragua en un paraíso de delincuentes y prófugos de la justicia

El hecho que Ortega haya otorgado asilo a otro prófugo de la justicia como el caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y corrupción, ha causado diversas opiniones entre la oposición nicaragüense, pues consideran que el dictador sandinista está convirtiendo a Nicaragua en un Estado “mafioso” porque “alberga a mafiosos”.

Esta medida es una política que ha venido implementando el régimen sandinista desde los años 80 al utilizar el país como un centro de refugios para criminales y prófugos de la justicia de Medio Oriente, el expresidente y vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, ambos con toda su familia, quienes gozan de nacionalidad nicaragüense, entre otros.

En el caso del exmandatario panameño, Luciano García presidente de Hagamos Democracia, considera que Martinelli ni Ortega se saldrán con la suya, porque esto evidencia el “verdadero Estado mafioso que no respeta la democracia porque actúa con toda ilegalidad”.

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Nicaragua fue enlistado como uno de los primero países que predomina la corrupción entre sus gobernantes, y esto se refleja en el caso de Martinelli y otros exfuncionarios de distintos países que se encuentran en el país en condición de asilados-nacionales, para evitar ser juzgados por las autoridades de su nación, considera la activista Edipcia Dubón.

“…estamos claros por quienes estamos gobernados porque al final esa es una mafia en el poder que han estado haciendo una “mafiocracia” consolidada, utilizando el poder para enriquecerse”, manifestó Dubón.

Para Edipcia Dubón, desterrada política, es “indignante y preocupante” el hecho que Ortega nacionalice a corruptos, criminales y prófugos de la justicia, mientras el régimen continúa desnacionalizando a los verdaderamente nacidos en Nicaragua

“Ortega fomenta la impunidad”

Tal y como es característico del régimen sandinista desde los años 80, Ortega otorga impunidad a criminales no solamente a nacionales, sino también a agentes extranjeros que han violado la justicia de sus países y que ahora gozan en Nicaragua de total libertad y beneficios económicos, ya que muchos de ellos trabajan como funcionarios en el sector público del país.

“Al dar santuario a personas acusadas de corrupción y crímenes, Ortega fomenta la impunidad y debilita la confianza en el sistema judicial internacional. Además, socava los esfuerzos de otros países para perseguir y procesar a los culpables”, alegó Félix Maradiaga, excarcelado político.

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Añadió que con esta práctica cada vez más común, Ortega mina aún más las instituciones del Estado de Nicaragua. Además, perpetúan un ciclo de impunidad que socava la justicia y perpetúa la desigualdad ante la ley.

“En lugar de proteger a los culpables, los gobiernos tienen la responsabilidad moral y legal de cooperar con la justicia y garantizar que aquellos que han violado la ley sean llevados ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus acciones”, agregó.

Por su parte, la plataforma política Monteverde rechazaron de “manera enérgica” la decisión de la dictadura Ortega Murillo de otorgar asilo a Martinelli, ya que la corrupción y el blanqueo de capitales son “graves delitos que está socavando la integridad, democracia,
institucionalidad y el desarrollo económico de los pueblos centroamericanos”.

“Repudiamos la decisión del régimen en Nicaragua y denunciamos ante la comunidad internacional la decisión de la dictadura Ortega-Murillo, de convertir a nuestro país en un paraíso para delincuentes de cuello blanco. Exhortamos al gobierno de Panamá a hacer prevalecer la justicia”.