Dictadura suma otras 15 ONG canceladas: 8 por supuesta disolución voluntaria

El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio del Interior, sumaron otras 15 organizaciones sin fines de lucro en la lista de canceladas, por supuestamente incumplir las leyes reguladores como agentes extranjeros.

Siete fueron canceladas sus personerías jurídicas por órdenes de la dictadura, y otras ocho por supuesta disolución voluntaria.

Entre las ONG canceladas, cuatro son de denominación evangélica como: la Asociación Misión Evangélica “Cristo Viene” de Nicaragua, Asociación Sonati – Nicaragua (SONATI), Asociación Iglesia Centro Misionero Esperanza de Dios (AICEMED) y la Asociación Iglesia Evangélica Sicar “IES”.

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Otra cancelada fue la Fundación Rescatando Huellas, la cual se dedicaba al rescate de animales abandonados y Viviendas León.

Entre las 8 ONG que según el Ministerio del Interior solicitaron su disolución voluntaria están: la Fundación Nicaragua Joven (FUNIJOVEN), Asociación Ministerio Sanador Isaías 53-5 (FUMISANI), Asociación de Laicos Bethlemitas San Miguel Arcángel de Nicaragua (ALB), Fundación Cristiana Nueva Imagen de la Mujer, Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF), Asociación Ministerio Cristiano Iglesias Pentecostés, Trono de Jehová (AMCIPTJ), Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas (ANAPRI) y la Asociación Ministerio Cristiano Bajo su Presencia (ASOMICBAPRE).

Todas ellas fueron acusadas de supuestamente “no presentar Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y Juntas Directiva”.

El Ministerio del Interior señaló a estos organismos de incumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan, “obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”.

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La resolución publicada en La Gaceta, dicta que todos los bienes inmuebles de estos organismos ya cancelados, deberán ser traspasados a nombre de la Procuraduría General de la República, para luego pasar a nombre del Estado de Nicaragua.