EEUU reimpondrá sanciones a Venezuela tras acciones del gobierno de Maduro

CARACAS — Estados Unidos no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, anunció el martes Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre”, argumentó el gobierno estadounidense en un comunicado.

Tras la firma del acuerdo de Barbados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición, EEUU emitió la licencia general 44 que alivia de manera temporal las sanciones sobre el sector del petróleo y gas venezolano. En ese entonces advirtió que las medidas serían revocadas si no se evidenciaban avances en los compromisos.

“A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril”, precisa el comunicado.

Además, reiteró que revocó una licencia general que autorizaba transacciones relacionadas con Minerven, la empresa de oro estatal de Venezuela.

• “No pueden hacer elecciones sin mí»: María Corina Machado descarta sustituto pese a inhabilitación

“Las personas estadounidenses tendrán catorce días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia”, precisa.

La cancillería venezolana repudió el anuncio de EEUU que considera un “ultimátum contra toda la sociedad venezolana” y una forma de “desestabilizar” la economía y el bienestar de los ciudadanos.

“Venezuela no cederá ante ningún chantaje. Sus instituciones continuarán cumpliendo con las leyes y la Constitución nacional”, precisó un comunicado en el que subrayó se tomarán medidas necesarias para “continuar el curso del crecimiento económico”.

Por su parte, el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró no obstante que “todavía hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de rumbo”. “Todavía hay tiempo para que permitan unas elecciones libres y justas. Tenemos la esperanza de que eso es lo que van a hacer, pero si no lo hacen, estamos preparados para implementar nuestras sanciones”, sostuvo en rueda de prensa.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó el viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial, María Corina Machado y del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quienes, en diciembre, ante esa instancia y en el contexto del acuerdo de Barbados, introdujeron recursos para hacer frente a la medida.

La oposición denunció que el gobierno violó parcialmente los acuerdos de Barbados y pidió que la medida fuese revertida. Pero el gobierno de Maduro descarta haber violado el acuerdo y sostiene que la decisión del TSJ “es cosa juzgada y decisión definitivamente firme”.

• Arévalo se compromete a no «perseguir judicialmente» a la prensa

EEUU reiteró el martes que el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados continúa siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis que atraviesa Venezuela y lograr “elecciones competitivas inclusivas”.

“Pero eso requerirá que Maduro y sus representantes respeten los principios de la hoja de ruta y garanticen que los actores políticos de la oposición tengan el derecho a elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024”, insiste.

Entre los compromisos estipulados en el acuerdo de Barbados figura el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.

A finales del mes pasado el gobierno estadounidense liberó a Alex Saab, un cercano aliado de Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.

Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos. Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, a través CGR y cuestionadas, entre otras cosas, por no darse mediante un proceso judicial.

Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.