Migración de Costa Rica cita hasta el 2032 a periodista nicaragüense solicitante de asilo político

Una periodista nicaragüense, perseguida política de la dupla dictatorial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció que cuando se disponía a solicitar asilo político ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, estos le programaron una cita para el 17 de noviembre de 2032.

La comunicadora, consternada por el hecho, acudió a la institución con la esperanza que se tratase de una equivocación y rectificaran la fecha; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Tras no obtener un resultado positivo a su solicitud, interpuso la demanda ante el máximo Tribunal Constitucional de Costa Rica, alegando que se están “violentado sus derechos” de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Migración y Extranjería de ese país, en su artículo 104 donde establece que el asilo político será concedido a toda “persona extranjera, que lo solicite, con el objeto de salvaguardar su vida, su libertad o su integridad personal, en razón de ser perseguida por motivos políticos o por otros conexos”.

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Sala constitucional rectifica 

Luego que la periodista nicaragüense emitiera un recurso ante la Sala Constitucional, estos revisaron e investigaron el caso, determinando que hubo un plazo desproporcionado a lo estipulado en la ley y una clara violación al artículo 41 de la Constitución Política, donde erige que toda persona tiene derecho a la “reparación” de una injusticia.

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”, declara el Artículo 41 de la Carta Magna de ese país centroamericano.

Ante las gestiones y demandas de la periodista nicaragüense, el Tribunal concedió que su citatoria fuera programada dentro de seis meses.

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La institución ordenó que “Allan Rodríguez Vargas, en su condición de subdirector general de la Dirección General de Migración y Extranjería, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que gire las órdenes correspondientes y emita las actuaciones respectivas dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, asigne y realice la entrevista del trámite de solicitud de refugio de la amparada, según en derecho corresponda”.

Según el expediente, el Tribunal ordenó al Estado de Costa Rica el pago de los daños y perjuicios causados con los hechos suscitados en el fallo.