52 líderes de la Unidad Nacional asediados, perseguidos y hasta con casa por cárcel

Asedio, persecución, agresiones físicas, robos y hasta casa por cárcel es el drama que viven más de 50 líderes de la UNAB a nivel nacional por parte de la dictadura y sus brazos opresores como son la sancionada policía y grupos paramilitares.

Esta denuncia forma parte del informe de las violaciones de los derechos humanos que viven los nicaragüenses y que ha registrado este grupo político.

“A lo largo del país, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales de la Unidad Nacional fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados, detenidos. Hasta la fecha mantiene encerrados arbitrariamente y en sus propios domicilios a varios de nuestros líderes” reza parte de este informe.

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La UNAB ha denunciado también que entre julio y diciembre de 2020 se han registrado 943 ataques a periodistas independientes, 71 femicidios durante todo el recién pasado año, más de 50 ataques a la Iglesia Católica, asesinatos de campesinos y el abandono estatal a las comunidades en el Caribe de Nicaragua se evidenció tras el paso de los huracanes Eta e Iota.

La irresponsabilidad de cómo ha manejado la dictadura la pandemia del COVID-19 fue otros de los temas abordados en este informe.

“Más de 2,867 personas han muerto por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, a mitad de marzo, en el país. Pero las autoridades sanitarias nicaragüenses solo registran 165 en total, ocultando las cifras reales, pese que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que se revelen los datos verdaderos para medir el impacto en la población del país. Esto constituye una violación a los derechos humanos y un irrespeto a las familias que sufren por sus deudos. Por el contrario, el régimen promueve actividades masivas y públicas que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS y la OPS” señaló la UNAB.

Ante estos atropellos a los derechos humanos del pueblo nicaragüense la Unidad Nacional denuncia ante la comunidad nacional e internacional, especialmente ante organismos de derechos humanos, que el régimen mantiene un estado policial de facto, de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense.

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