Minera extranjera inyectará millones de dólares a la dictadura en Nicaragua

Según la compañía, el capital estará destinado a la apertura y operación de una nueva mina de oro, uno de los principales rubros de exportación de Nicaragua en los últimos años. La inversión contempla infraestructura, maquinaria, desarrollo de planta y actividades de exploración, con el objetivo de incrementar la producción aurífera y consolidar la presencia de la empresa en el país.

El proyecto será ejecutado en la Región Autónoma del Caribe Norte nicaragüense, una región rica en recursos minerales pero también históricamente afectada por pobreza, conflictos territoriales y denuncias de afectaciones ambientales. La empresa ya mantiene presencia en municipios como Bonanza y Siuna, donde ha desarrollado actividades extractivas durante más de una década.

Con esta inversión, HEMCO se posiciona como una de las pocas empresas sin aportación mayoritaria china en mantener operaciones mineras en el país desde el establecimiento de relaciónes diplomáticas con la China comunista en 2021. La gran mayoría de las extensiones recientes han sido extendidas a ciudadanos chinos.

Bajo el sandinismo, la minería se ha convertido en uno de los pilares económicos del régimen sandinista, ante la caída de otros sectores productivos y el aislamiento internacional derivado de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores. El oro ha llegado a posicionarse como el principal producto de exportación del país.

La explotación minera es rubro de un grupo de grandes corporaciones extranjeras y el sector ha estado rodeado de cuestionamientos. Organizaciones ambientales y comunidades locales han denunciado la expansión de concesiones mineras sin consulta previa, especialmente en territorios indígenas del Caribe Norte, donde se han reportado conflictos, desplazamientos y daños ecológicos.

A esto se suma el señalamiento de expertos sobre la opacidad en la gestión de concesiones y beneficios fiscales otorgados a empresas mineras, en un contexto donde el control institucional está concentrado en el poder de los codictadores.