Suspenden juicio de paramilitar detenido con armamento de guerra
Ante la falta de testigos, el proceso continuará el 19 de noviembre. Las autoridades aún no explican cómo el acusado obtuvo el rifle de exclusivo uso militar.
Ismael López Amador, detenido en agosto de 2025 con un AK-47 cuya procedencia las autoridades no han podido explicar.
- Medios Oficialistas
El ciudadano identificado como Ismael Andrés López Amador fue detenido la tarde del 27 de agosto en el sector de los comedores del mercado El Mayoreo de Managua mientras cargaba con un fusil Avtomat Kalashnikova (AK-47) y uniformes de la Policía y del Ejército, dispuesto a viajar a su natal El Rama.
Según dijeron las autoridades policiales a medios oficialistas, López se disponía a robarle a un comerciante de dicha localidad del Caribe Sur. No explicaron cómo obtuvo posesión del arma, que en Nicaragua es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, aunque sí reportaron tener consciencia de un intento de “compra de armamento restringido”.
En su proceso judicial fue acusado por la Fiscalía de “fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, en concurso real con el delito de uso indebido de emblemas, uniformes o pertrechos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional“.
El 6 de noviembre, el juicio contra López Amador fue suspendido por falta de testigos el jueves. Será reanudado hasta el 19 de noviembre.
Dictadura armó a paramilitares
Aunque no está clara la conexión dada la falta de transparencia de las instituciones sandinistas, la evidencia apunta a que López podría ser un paramilitar armado por el gobierno para asistir en la represión desatada a partir de 2018.
Investigaciones independientes, como las del Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua (GHREN, por su siglas en inglés) de Naciones Unidas, indican coordinación y equipamiento de estos grupos por parte de la dictadura.
En su informe del 3 de abril de este año, el GHREN documentó “grupos armados progubernamentales” en convergencia con el régimen sandinista desde el estallido social de abri de 2018, cuando ejecutaron o colaboraron con “detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como en actividades de vigilancia y hostigamiento a personas opositoras al gobierno o percibidas como tales“.
El Grupo encontró que estas estructuras utilizaban “armas de fuego cortas, largas y de guerra” que sólo pudieron haber obtenido “en colaboración con la policía y el ejército… y en algunas ocasiones sus miembros pertenecen a estas instituciones, aunque utilizan ropa de civil”.
Estas agrupaciones se articularon con las estructuras políticas locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y muchas persisten activas incluso posterior al estallido social, empoderadas por cambios a la constitución que institucionalizaron la figura del paramilitar como “policía voluntario”.
