En un comunicado el Ministerio Público, de dominio sandinista, informó que se llevó a cabo una audiencia preliminar en contra de Berenice Quezada, excandidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, a quien acusan basados en unas declaraciones en las que asegura que participó en las marchas azul y blanco de 2018 y por  promover el odio y la violencia.

“Acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, certificados en el artículo 398 del Código Penal”, justifica el órgano de justicia.

Quezada pidió en esas mismas declaraciones, democracia para el país, ponerle fin a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, palabras que la hicieron merecedora, desde la dictatorial, de una investigación judicial, casa por cárcel y la completa inhibición a participar por cargos públicos en noviembre próximo.

“Se hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica así como de tranquilidad a tolerancia y respeto a las leyes de la República”, amenazó el Ministerio Público.

El régimen, en los últimos meses, arrestó a 30 personas, entre precandidatos presidenciales surgidos en 2018 y miembros de agrupaciones políticas que criticaban fuertemente su gestión gubernamental, al mismo tiempo dos periodistas (Miguel Mora y Miguel Mendoza) permanecen tras las rejas al ser acusados por presuntamente “atentar contra la soberanía.

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