Este pasado miércoles la justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega presentó acusación en contra de siete sacerdotes y laicos que permanecían secuestrados en la Curia Episcopal de Matagalpa junto al obispo Rolando José Álvarez, así lo confirmó en su cuenta oficial de twitter el exjudicial Yader Morazán.

Se trata de los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; los seminaristas Darwin Leyva y Melkin Sequeira; el camarógrafo Sergio Cárdenas y el sacerdote Raúl González, quienes se encuentran encarcelados en el Chipote.

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“El día de ayer presentaron acusación en contra de los sacerdotes y laicos que estuvieron secuestrados en la Curia Episcopal de Matagalpa, exceptuando a monseñor Álvarez”, escribió el experto en derecho penal.

“Hoy por la tarde se vieron movilizaciones sospechosas en las que se presume que celebraban la 1era Audiencia”, agregó.

La juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, la sandinista Nalia Ubeda Obando, aludió como víctima de los acusado al estado de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense.

El pasado 23 de agosto, el grupo de religiosos fue presentado en audiencia inicial con el rostro cubierto y de manera secreta en el Complejo Judicial de Managua, luego de permanecer por 18 días en un limbo jurídico y traslado forzado a las celdas de torturas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Nuevo Chipote.

Audiencia inicial bajo irregularidades, según Morazán

Tras la audiencia inicial, Morazán denunció que los sietes religiosos fueron llevados con el rostro cubierto y, como era de esperarse, en esa encerrona no hubo resistencia para la formalización de la “detención” de 90 días para “complementar” actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega.

Además, indicó que la Fiscalía no pudo argumentar las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación sobre los religiosos católicos, ni sobre en qué indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados.

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Para el experto en Derecho Penal, Yader Morazán, el Estado actúa como una verdadera mafia al mantener a los religiosos en desaparición forzada, sustraerlos de su jurisdicción, sin abogado defensor y sin comunicación con sus familiares.

Recientemente, el grupo de sacerdotes y laicos recibieron la visita de sus familiares en las celdas de El Chipote, después de trece días de permanecer encerrados. El diario LA PRENSA publicó que los familiares de los religiosos se abstuvieron de brindar detalles por temor a represalias de parte de la dictadura en contra de los detenidos.

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