Desde este miércoles 5 de octubre, un juez de Argentina inició una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y otros servidores fieles del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad.

Ariel Lijo es el juez federal de Argentina quien ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas, durante el régimen de Ortega.

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La causa se origina en una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega y su consorte Rosario Murillo, además de todos aquellos funcionarios que integran el aparato represivo que persigue a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.

Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explica que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Argentina investigó otras denuncias similares

Estos compromisos “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional, con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

Taiano también destaca que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.

La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

La denuncia, impulsada a partir de una nota publicada en Infobae, sobre al situación del obispo nicaragûense Rolando Álvarez, retenido por el régimen de Ortega, apunta contra el presidente de Nicaragua, su vice, pero también menciona otros funcionarios.

Los otros denunciados son:

– Francisco Díaz Madriz. Funge como actual jefe de la Policía Nacional. Es el suegro de Mauricio Ortega, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rsario Murillo.

– Néstor Moncada Lau. Actúa oficialmente como asesor privado de Ortega, pero también sería responsable de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”.

– Julio César Avilés Castillo. Ocupa el cargo de jefe del Ejército de Nicaragua. Es señalado como responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la “operación limpieza”.

 Oscar Mojica. Es General en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.

– Gustavo Eduardo Porras Cortés. Se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de la República y se le atribuye el control de los sindicatos y la organización de las movilizaciones masivas, incluyendo a los médicos y a los obreros, que cooperaron para la “recuperación” de las calles luego de las protestas de abril de 2018.

Roberto López. Es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Se le atribuye colaboración con Porras Cortés en la organización de la represión a las manifestaciones de abril de 2018.

 Oscar Valladares. Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.

También a ministra que ordenó no
atender a manifestantes heridos

– Sonia Castro. Actuó como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas como consecuencia de su participación en las movilizaciones populares. También se le atribuye la responsabilidad por el despido de profesionales de la salud “acusados” de no hacer caso a la orden de no atención.

– Leonardo Ovidio Reyes Ramírez. Es el presidente del Banco Central de Nicaragua y actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega – Murillo y de las operaciones criminales.

La denuncia presentada ante el juez de Argentina en los tribunales de Comodoro Py, describe el contexto social y político que se vive en la Nicaragua del dictador Ortega, al menos desde 2018, y lo hace a partir de una serie de informes e investigaciones realizados por varios organismos.

Entre estos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.

Relato arranca con protestas de abril

El relato cronológico arranca con las protestas callejeras que comenzaron en abril en 2018, a raíz de un intento de reforma del sistema de seguridad social que promovía la dictadura.

En abril de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de al menos 25 personas, decenas de personas heridas, lesiones a periodistas, y la salida del aire, por orden oficial, de cuatro canales de televisión que informaban sobre las protestas.

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La represión estatal no cesó.A mediados de junio de ese año, la CIDH contabilizó 212 muertos, 1337 heridos, y unos 500 detenidos.

Un informe de Amnistía Internacional, titulado “Sembrando el terror”, describe una serie de etapas en la estrategia represiva del régimen de Ortega y considera que se llevaron a cabo “no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control”.

Otro informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentado ante el Consejo de Derechos Humanos entre febrero y marzo de 2021, agrega otro dato estremecedor: desde abril de 2018 más de 100.000 nicaragüenses solicitaron asilo en otros países.

Muertos fueron reales

En junio de este año, la CIDH relevó 355 muertos por los actos represivos del régimen.

“Esta grave violación de derechos humanos, que es también un crimen de derecho internacional, hace referencia a las muertes causadas intencionalmente por las fuerzas de seguridad del Estado (en este caso de Ortega) o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por éste”, señala la denuncia presentada ante el juez Lijo de Argentina.

(Texto tomado de Infobae)

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