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Dictadura de Ortega mantiene a 182 personas como presas políticas

El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua además reporta el destierro reciente de cuatro músicos a quienes la dictadura no les dejó ni despedirse de sus familias ni empacar sus pertenencias.

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La dictadura de Daniel Ortega mantiene hasta la fecha a 182 personas presas políticas  en las cárceles, según revela el informe del Mecanismo de Reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, elaborado al al 30 de abril de 2022.

Se estima que 172 personas son presas políticas del contexto de abril 2018, de las cuales 129 se encuentran en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 29 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como “El Chipote”, y adicionalmente 6 personas están en delegaciones municipales de la policía y 8 en arresto domiciliar.

“64 personas (55 hombres y 9 mujeres) permanecen en celdas de reclusión diferenciada en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), incluyendo 9 presos políticos detenidos previo a 2018”, detalla la organización en su informe.

Indicó que de 18 detenciones ilegales ocurridas durante el pasado meas de abril, la mitad ocurrieron entre los días 18 y 19 del aniversario de la insurrección cívica de abril.

De ellas, 15 personas fueron liberadas, entre estas, cuatro músicos que fueron ilegalmente desterrados del país por parte de la dictadura.

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En la víspera del 4to. aniversario de abril 2018, el mecanismo denuncia que estas cuatro personas pertenecientes al gremio artístico y musical fueron detenidas de forma arbitraria y violenta, entre ellas tres hombres y una mujer.

Los agentes policiales no presentaron orden judicial para la detención ni para el posterior allanamiento, así como tampoco brindaron información a sus familias y defensas sobre el motivo de la detención.

“Permanecieron entre 2 y 9 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, sin ser puestos ante la orden de un juez y sin la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales para dictar el período investigativo de 90 días. Se presume que el motivo político de su ilegal y arbitraria detención era evitar manifestaciones artísticas a través de conciertos que dieran vida a la protesta cívica y remembranza de abril”, dice el informe.

La denuncia también detalla que mientras se encontraban detenidos, fueron extraídos de las celdas en las que permanecían y sin ningún trámite de las autoridades competentes fueron desterradas del país.

Según relato de la familia de dos de estas personas, la policía llegó a sus viviendas a retirar sus pasaportes y le exigieron a la familia comprarles un boleto de salida del país.

“El destierro es una práctica prohibida de manera expresa en la Constitución Política vigente del país. Ante este grave antecedente de violación a los derechos humanos, cabe mencionar que estas personas no fueron puestas en libertad, ya que fueron llevadas de El Chipote y trasladadas inmediatamente hacia el aeropuerto, sin permitirles siquiera tener la oportunidad de empacar sus pertenencias”, dice el escrito.

Torturas como represalias en contra de personas presas políticas

La organización considera que El Chipote (DAJ), está operando de facto como una cárcel de máxima seguridad, en donde se dan tratos de reclusión de forma diferenciada usados, en esos lugares contra las personas presas políticas.

Entre estos tratos inhumanos están fuertes represalias y castigos contra los presos políticos que iniciaron huelga de hambre en el SPN-Waswalí en Matagalpa, incluyendo amenazas de desaparición forzada.

Otro trato cruel es que no se tomaron medidas de evacuación o resguardo para personas presas políticas ante el sismo de 6.8 grados de magnitud en la escala de Richter del 21 de abril.

Ante este evento, las autoridades de los centros de detención del sistema penitenciario y de la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, no tomaron ninguna medida para salvaguardar la integridad y la vida de las personas presas políticas: no se emitió ninguna alerta, no evacuaron al patio o a un lugar seguro, no brindaron información de la dimensión del sismo, ni tomaron medidas en caso de réplica de mayor intensidad.

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Familiares de reos políticos denuncian además que durante las pocas visitas que les han permitido a sus familiares, se registran  tocamientos indebidos en zonas genitales y senos,  los obligan a desnudarse y a realizar sentadillas.

El caso de mayor gravedad es el de una niña de tres años, a quien para que pudiera ingresar a visitar a un familiar en la zona de Máxima Seguridad, la requisaron tocándole su área íntima sobre el pañal.

Además de agresiones sexualizadas en contra de familiares mujeres de personas presas políticas durante las visitas y a las personas presas políticas, les castigan con retención de su paquetería.

A una de ellas le suspendieron el uso de papel higiénico por 15 días, incluyendo productos alimenticios, cubre bocas, artículos de higiene y medicinas generales.

“En cuanto a las visitas familiares, estas no son regularizadas y  se permiten en períodos de hasta 40 días. Está anulado el acceso a visitas conyugales y de hijos e hijas menores de edad. Ni comunicación escrita, digital o telefónica”, registra el informe.

Defecan en un hoyo

Las personas presas políticas tienen limitado acceso a agua potable, precarias o nulas condiciones para hacer sus necesidades fisiológicas. En algunas celdas de Máxima Seguridad, las personas deben defecar en un hoyo, muy similar a lo que sucede en algunas celdas de El Nuevo Chipote.

Así mismo, los reos de conciencia tienen limitadas o nulas salidas a tomar el sol o salir al patio y las dimensiones y condiciones de las celdas no cumplen estándares internacionales y de derechos humanos.

En algunos casos las dimensiones son tan limitadas que no permite espacio suficiente para ejercitarse y cuentan con muy poca ventilación e iluminación.

Entre otras torturas también sufren incomunicación y aislamiento por largos períodos, más allá de la falta de regularización de visitas, existe un excesivo control sobre las distintas formas de comunicación entre personas presas, a quienes no les permiten hablar entre ellas, ni intercambiar miradas o comunicarse por señas o gestos.

“Están permanentemente bajo vigilancia. Prohibido o muy limitado acceso a material de lectura, ni siquiera a una Biblia”, establece el informe del organismo.

Migración niega ingreso o salida a familiares de reos políticos

El informe también registra que a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, en múltiples ocasiones se ha negado el ingreso o salida a familiares de personas presas políticas y personas opositoras, ya sea en fronteras como Peñas Blancas o en el aeropuerto
internacional.

Tal situación le sucedió al papá de un preso político en julio de 2021 a quien le impidieron ingresar al país. Así como también a otros familiares de presos y presas políticas, a quienes las autoridades migratorias les han retenido su pasaporte y les han comunicado verbalmente que tienen restricción migratoria.

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“Aunque la restricción se da sin fundamentación legal alguna ni proceso claro, bajo el que se ordene, solamente haciendo referencia de ser familiar de una persona presa”, denuncian.

Además, también se tiene registro de personas excarceladas políticas y sus familias, a quienes las autoridades migratorias le han negado su derecho de contar con un pasaporte.

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