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Guatemala y la eterna crisis política

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Por: Carlos Ernesto Cano

Los años recientes, entendiendo a Guatemala

Guatemala es un pequeño país ubicado en la parte norte de Centroamérica, esa región de Latinoamérica que es invisibilizada por múltiples razones y que a su vez, es lo que llamo “la bodega del patio trasero del gobierno de los Estados Unidos”, esa bodega en donde se ha experimentado con métodos de tortura, guerra y métodos políticos golpistas que luego son puestos en práctica en todo el continente y el mundo entero.

Para entender Guatemala en su historia reciente, se tiene que tener en cuenta la guerra de 36 años que se vivió durante el siglo pasado (1960 – 1996) la segunda guerra civil más larga en el continente, consecuencia directa de la intervención que el gobierno de los EE. UU., ejecutara en el año 1954 y derrocara al intento democrático que el presidente Jacobo Arbenz estaba construyendo en el país. Esta guerra civil, luego de la colombiana que aún está vigente, ha sido de las más largas y cruentas en el hemisferio occidental, guerra marcada por el genocidio de los 80´s, dictaduras militares y la barbarie.

Luego de la firma de la paz en el 96, se intentó construir un andamiaje legal y desde el Estado para la edificación de una “democracia” que incluyera a todos los pueblos en Guatemala. Pero ese proceso fue truncado por la elite guatemalteca, una de las elites más violentas y rancias del continente y a través de sus caporales (la clase política) hicieron todo lo posible para que el pacto social denominado los Acuerdos de Paz (ADP) nunca cobrara vigencia. Se intentó, a través de una consulta popular en el año 1999 una modificación a la Constitución Política de la República que los ADP pero esto no sucedió y la guerra continuó, ya no declarada si no una guerra de baja intensidad como diría Noam Chomsky, maras (pandillas) y narcotráfico serían la norma en los siguientes años.

En el año 2005, el gobierno de Guatemala y el Congreso de la República ratifican el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y los EE.UU., dando paso “legal” y libre para el saqueo de los territorios en la región, este convenio sentó las bases para que, con toda su fuerza la minería, las hidroeléctricas y las empresas de carácter agro-extractiva se apoderaran del país. Hubo resistencia al TLC, pero fue reprimida brutalmente en Guatemala y la región y es ese el momento en donde inicia una nueva etapa de despojo, prisión política y criminalización en Guatemala en contras de los pueblos originarios.

Guatemala y la eterna crisis política FOTO / Carlos Ernesto Cano

La lucha contra la impunidad y la corrupción

Es a partir del 2005 que se intenta, con apoyo de la comunidad internacional montar un esfuerzo que desarticule y ataque a los aparatos estatales y para-estatales que promueven, incentivan y sobreviven de la impunidad. Y es así que se crea con base al Acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre del 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Uno de los mandatos de la CICIG era determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en el país.

Es así como la comisión pasa casi inadvertida durante los años hasta llegar al año 2015, año en el que luego de tener dos comisionados, llega a la cabeza de la CICIG el colombiano Iván Velásquez, persona que en su país había liderado una lucha en contra de la impunidad, la corrupción y el narcotráfico.

El año 2015 era el último año del gobierno del exmilitar Otto Pérez Molina (2012-2016), quien participó de manera directa durante los años más cruentos de guerra en Guatemala (los años 80´s) y quien gobernaba con mano dura el país, este gobierno garantizó el despojo a las comunidades indígenas y preservó el estado de impunidad que sostiene al Estado guatemalteco. Cabe resaltar que fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina que ocurrió la Masacre de Alaska, masacre ejecuta por el ejército de Guatemala en contra de una manifestación pacífica que el pueblo k´iche´ de Totonicapán realizaba en una de las vías más importantes del país. Este acto deleznable dejó como resultado 7 hombres asesinados y más de 50 personas heridas, así como una huella imborrable en el pueblo K´iche´ y en toda Guatemala.

Pero las investigaciones de la CICIG avanzaban de forma casi invisible y fue durante el mes de abril de 2015 que saltaron a la luz pública e involucraron a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y a la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, sobrina de Jorge Serrano Elías expresidente golpista que actualmente se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca y está escondido en Panamá.

Es así como la CICIG y algunas fiscalías investigadoras del Ministerio Público avanzan y presentan más casos de corrupción en paralelo con las masivas movilizaciones ciudadanas y como resultado de estas presiones sociales en mayo de ese año renuncia la vicepresidenta Baldetti y en agosto renuncia el exmilitar Otto Pérez Molina y son sometidos a la justicia. En los meses subsiguientes se designa por parte del congreso de la república a un nuevo presidente y vicepresidente para que se realicen las elecciones que estaban previstas para el año 2015 y en una turbulenta elección el pueblo de Guatemala elige al evangélico y comediante de televisión Jimmy Morales, postulado por un partido de exmilitares y de extrema derecha, e inicia una cruzada feroz para desmantelar los logros de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que ya habían logrado imputar a procesos penales a varios expresidentes y cientos de funcionarios y exfuncionarios públicos incluyendo ministros, diputados, policías, militares y empresarios oligarcas de alcurnia.

Esto último, fue la gota que derramó el vaso, se podía imputar a la clase política pero jamás a la oligarquía guatemalteca (génesis de la impunidad y la corrupción en Guatemala) y es así como la extrema derecha cierran filas y expulsan al comisionado Iván Velásquez en el año 2018 y la CICIG es cerrada el año siguiente, dando paso a un nuevo capítulo en la permanente crisis política en Guatemala.

La dictadura perfecta…

A pesar de que la CICIG abandona el país, expulsada por el comediante Jimmy Morales, que por cierto, estaba siendo investigado por la comisión y la FECI, producto de las investigaciones de los entes investigativos el hermano del presidente, el hijo y la esposa de Morales son acusados de corrupción, la FECI a cargo de Juan Francisco Sandoval sostiene la embestida contra el denominado “pacto de corruptos” y continua procesando legalmente a empresarios y la clase política del país.

Es este momento la clase política y la oligarquía se integran para orquestar una vendetta y tomar todos los poderes del Estado guatemalteco, toman por asalto el congreso, el poder judicial, las altas cortes de justicia y la presidencia cuando en las elecciones del año 2019, gana el católico y ex convicto Alejandro Giammattei, acusado por la justicia guatemalteca de asesinatos extrajudiciales en el año 2005, acusado socialmente de limpieza social.

Giammattei, luego de 20 años intentando ser presidente del país, toma posesión el 14 de enero del año 2020 y comienza su periodo presidencial estableciendo una serie de estados de prevención y militarización, su pretexto de la violencia común y organizada que imperaba en el país. La mano dura gobierna nuevamente Guatemala y estas medidas se ven truncadas al momento de que ingresa al país el primer caso de COVID19. Todo estaba servido en bandeja de plata para que Giammattei y sus secuaces puedan adquirir una serie de préstamos millonarios y así pagar, a costillas de los pueblos en Guatemala, la deuda política y económica que tiene con la clase oligarca que durante 20 años le financiaron la permanente campaña política para lograr ser presidente del país, la pandemia sirvió de justificación para el robo descarado y la impunidad campante.

La pandemia exacerbó la miseria y las contradicciones sociales en Guatemala, evidenciando que el país es el primer lugar en Latinoamérica en desnutrición, corrupción e impunidad y a pesar de eso, la crisis sanitaria y los desastres socio-ambientales del año 2020, la clase política que está representada en el organismo legislativo durante el mes de noviembre intentaron modificar el presupuesto nacional quitando recursos para el combate a la desnutrición y otorgando más prebendas a la clase política y corrupta del país, esto detonó la rabia y la indignación de la ciudadanía en general y en noviembre, a pesar de la pandemia y el mal manejo de esta por parte del gobierno central, la gente salió a las calles a manifestar su repudio y hartazgo a la clase política corrupta y por varias semanas de noviembre y diciembre la gente y los pueblos se movilizaron en las distintas plazas del país y de igual forma fueron reprimidas con violencia por parte de la policía y el ejército para sostener el statu quo, ese estado de normalidad para la impunidad y la clase económica. La represión funcionó y hubo personas que perdieron los ojos, producto del uso excesivo de la fuerza pública y la brutalidad policial, más de 50 personas encarceladas y periodistas lastimadas e intoxicadas por los gases lacrimógenos que protegen al régimen de Giammattei.

 

La prisión política y el nuevo exilio

En palabras del filósofo rumano Mircea Eliade, Guatemala es ese país del “del eterno retorno”, al referirnos que estamos en una situación histórica muy parecida a la de los años 60´s con el inicio de la guerra civil, es decir nuevamente estamos experimentando con nuestros cuerpos la prisión política de líderes indígenas, estudiantiles, desapariciones, criminalización, asesinatos selectivos, persecución política, detenciones ilegales y exilio, es decir la violencia política con toda su fuerza.

En mayo de este año se detiene al ex funcionario guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa (ex jefe del órgano recolector de impuestos en Guatemala, quien fuera parte fundamental de la acusación en contra de Otto Pérez Molina y todo su gobierno en el año 2015) y al ex investigador de la CICIG Aníbal Argüello junto a otras personas acusadas de la formación ilegal de un partido político, la detención de Solórzano Foppa fue ejecutada en una de las avenidas principales de la ciudad de Guatemala por carros sin placas, al estilo del actuar de la policía judicial en Guatemala en los años 60´s, 70´s y 80´s.

Foppa y Argüello junto a las demás personas “acusadas”, permanecieron en la cárcel por más de 15 días sin ser escuchados por juez pertinente y a todas luces, era una detención ilegal, arbitraria y mandada por el régimen de Giammattei, el pacto de corruptos y la elite guatemalteca, este tipo de detenciones son un síntoma de regímenes dictatoriales, la prisión política es la norma que ha campeado en contra de las comunidades originarias y ahora toca a la clase media urbana y organizada de las ciudades, la prisión política ha sido la norma desde hace más de 200 años en contra de los opositores al régimen, la mayoría de presos y presas políticas son indígenas.

Otro golpe paradigmático a funcionarios éticos y honestos fue el día 23 de julio cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval fue removido de su cargo por órdenes de la Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, alfil en el tablero del pacto de corruptos en Guatemala.

El fiscal Sandoval salió de Guatemala el día sábado 24 de julio, argumentando temor por su vida y la de su familia. Fue asistido por la comunidad internacional así como por organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en el país, se suma a la ola de periodistas, jueces, activistas y lideresas/lideres perseguidos políticos y exiliados en Guatemala.

La resistencia indígena y la dignidad de los pueblos en Iximulew

Durante más de 500 años los pueblos originarios en Iximulew, han resistido, existido y demostrado que son el presente y el futuro en un Estado-nación que les odia, les discrimina, les mata y les encarcela. Pero a pesar de todo el racismo en su contra en los últimos días han marcado los tiempos de las protestas sociales y están delimitando el camino a seguir para que en los próximos días, se inicie una escalada de protestas y resistencias a nivel nacional.

48 Cantones de Totonicapán, ese pueblo que sufrió la Masacre en Alaska del 2012, ha tomado la batuta de la resistencia y ha iniciado una serie de articulaciones con otros pueblos indígenas para gestar lo que han denominado el camino a un Paro Nacional. Desde la mirada y su propia organización están exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei así como demás funcionarios de alto nivel en el país, esto con miras a instalar el camino hacia una Asamblea Plurinacional de los Pueblos en Guatemala.
Esta iniciativa ha resonado en varias ocasiones en la época reciente y “democrática” en Guatemala, pero los intereses oligárquicos y de la clase corrupta, han cortado las intentonas que se han orquestado para transitar hacia el cambio del pacto social llamado Constitución Política de la República de Guatemala, convención surgida en 1985, hace casi 40 años.

El Parlamento Xinka, las Comunidades de Sololá, los 48 Cantones, el pueblo Ixil, las comunidades de la Costa Sur, el pueblo Q´eqchi´ y demás pueblos originarios están organizando lo que puede ser una digna resistencia y guiar hacia un camino en donde los pueblos sean quienes tomen las decisiones para determinar su presente y futuro, mostrando así que la centralización de las protestas que se han caracterizado por estar en las ciudades más importantes del país, empieza a cambiar el paradigma para que Guatemala, voltee su mirada hacia la digna resistencia de los pueblos originarios.

El panorama que se vive en Guatemala es desconcertante y desolador, estamos en una encrucijada en la cual los caminos a tomar en los próximos días serán determinantes para que la esperanza y el futuro sea la decisión que tomen los pueblos, para caminar por la senda de la libertad o el camino de la dictadura, una dictadura perfecta y abstracta que no tiene una sola cara como la clásica autocracia, más bien, es un sistema que funciona para que el autoritarismo sea la norma y no tenga un solo rostro visible.

A mí también me ha tocado salir de Guatemala y estas letras las escribo desde el exilio y veo a mi país desde lejos y veo el retroceso en materia democrática acelerado y como nos están regresando a los años más oscuros de terror, vigilancia y extermino, yo mismo he sufrido el acoso del gobierno y las agresiones de la impunidad que atraviesa al país, de ese intento de país llamado Guatemala, pero también veo esperanza, veo futuro y veo a los pueblos caminar hacia la libertad.

 

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