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Diáspora y exiliados en Costa Rica analizan ilegitimidad de Ortega y consecuencias internacionales

Analistas internacionales coinciden que la ilegitimidad se impondrá en este nuevo mandato de la dictadura de Ortega, quien es una carga más en la región y un presidente cuya foto hay que editar.

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Este 10 de enero se marcó un antes y un después en la historia Nicaragua, ese día la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron su ilegal toma de posesión, después de haber realizado unas votaciones sin competencia y sin garantías constitucionales, sobre todo sin el respaldo del pueblo nicaragüense, pues hubo un 81% de abstención.

Ortega y Murillo se reinstalaron cinco años más en el poder, a base de ilegitimidad, encarcelamiento de opositores, entre ellos aspirantes presidenciales, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas y otras arbitrariedades como la cancelación de personalidades jurídicas a partidos políticos de oposición y aprobación de leyes represivas.

Este nuevo mandato ilegal de Ortega y Murillo tiene un costo político y serias repercusiones internacionales, que ponen en peligro al pueblo nicaragüense, todo por la ambición y la sed de poder de esta pareja de dictadores.

Precisamente esas consecuencias fueron analizadas por el “Mecanismo de coordinación de nicaragüenses exiliados y diáspora en Costa Rica”, a través de la realización del foro “La ilegitimidad del nuevo gobierno de Ortega y sus consecuencias para el régimen y la región”.

El análisis estuvo a cargo de personalidades que han jugado un papel fundamental en la lucha azul y blanco, haciendo incidencia internacional, entre ellas Carolina Jiménez, Presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano y Damaris Rostrán, Directora de liderazgo comunitario y activista de la mesa de trabajo de Nueva York y Nueva Jersey.

De izquierda a derecha los expositores Carolina Jiménez Presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano y Damaris Rostrán Directora de liderazgo comunitario y activista de la mesa de trabajo de Nueva York y Nueva Jersey.

Carolina Jiménez: Ortega busca perpetuar su impunidad

Carolina Jiménez, Presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y quien ha seguido de cerca la situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, afirmó a este grupo de exiliados que con esta ilegitimidad de Ortega, al asumir estos cinco años en el poder, lo que busca es “perpetuar su impunidad” para no responder las denuncias y acusaciones de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido después del 2018.

“En los últimos años en Nicaragua hay razones para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad con la política de represión de Nicaragua y han utilizado las fuerzas policiales y fuerzas de grupos de choque y fuerzas armadas, para reprimir y ejercer mayor control con encarcelamientos a opositores y a presos políticos… y con esto lo que busca Ortega es perpetuar su impunidad y así llegamos al 2021, con los hechos de mayo a octubre de 2021, vemos a un gobierno tremendamente desesperado por continuar en su poder, garantizando su impunidad con estos hechos de violación a los derechos humanos”, expresó la doctora Jiménez.

La activista remarcó que la ilegitimidad se impondrá en este nuevo mandato de Ortega y Murillo.

“Es un gobierno claramente reconocido como perpetuador de violación de derechos humanos y eso ocasiona un aislamiento generalizado y en su toma de posesión se dejó en evidencia ese aislamiento, estuvo rodeado de algunos personajes que no gozan de legitimidad… la ausencia de los presidentes de Latinoamérica deja en evidencia que Ortega es una carga más, es un presidente cuya foto hay que editar”, refiere Jiménez.

La ilegitimidad del régimen vista desde los EE.UU. 

Para Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, el régimen de Daniel Ortega es considerado ilegítimo por Estados Unidos, prácticamente desde el 2016, con el fraude electoral que se llevó a cabo a través del Consejo Supremo Electoral y que por esas acciones fraudulentas, ese país americano emitió sanciones al entonces presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas.

Orozco asegura que desde ese momento hay cuatro elementos proactivos que Estados Unidos trata que se respeten en Nicaragua.

“Uno es el respeto de las libertades en todo sentido, libertad de derechos, de movilización, de expresión, de movimiento y especialmente el respeto a las creencias religiosas y prácticas de otro tipo”, expresa Orozco.

Un segundo elemento que señala el especialista es la consideración de una democracia funcional que es eficiente cuando existe un estado de derecho, con transparencia y rendimiento de cuentas.

El tercer elemento es el respeto a los derechos humanos, pero en el país ha incrementado la violación de esos derechos a través de la represión y el ejercicio de la violencia física, y como cuarto elemento es el tema electoral donde se pueda ejercer una plena democracia.

“Nicaragua ya había fallado en todos estos indicadores, en el fraude electoral, en la violación de derechos humanos, había un abuso en las protestas de movimientos sociales, como fue la protesta del gran canal, entre otras cosas, y cuando entramos al 2018, Estados Unidos intensifica su crítica por falta de democracia… y llegamos al 2021 con las ansias de Ortega de perpetuarse en el poder”, dijo Orozco.

Añade que el 10 de enero ha marcado una tercera etapa en la política para Nicaragua con un gobierno ilegítimo.

Las herramientas de denuncias de la diáspora en Estados Unidos

Uno de los temas importantes que se desarrolló en este foro en el trabajo que se ha realizado desde las diásporas de Estados Unidos, es que ha tenido repercusiones positivas contra la dictadura nicaragüense como han sido las sanciones que ha impuesto en contra de Rosario Murillo, sus hijos y funcionarios ligados a casos de corrupción, sobre todo a los perpetuadores de derechos humanos contra el pueblo nicaragüense.

Este tema fue expuesto por Damaris Rostrán, integrante de la diáspora de Nueva Nueva York y Nueva Jersey, la cual realizó un trabajo incansable para que el Senado de Estados Unidos, aprobara la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.

“La lineación que hemos tenido con las diásporas más influyentes del mundo para hacer las sanciones y las denuncias en los foros que hemos participado, ha sido fundamental para alcanzar los logros que hemos obtenido internacionalmente, todo en favor del pueblo nicaragüense”, dice Rostrán.

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