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HRW: Dictadura ejecuta represión, cárcel, persecución, violencia e inestabilidad

Ortega-Murillo minaron el 2021 de abusos y violaciones que, sumadas a los hechos de 2018, siguen impunes.

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El 2021 fue un año álgido en materia de rechazo y violación a los Derechos Humanos, perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; un año en el que su maquinaria de represión garantizaba su permanencia ilegítima en el poder.

Persecución, encarcelamiento, represión, violencia, inseguridad, impunidad y la imposición del autoritarismo, fue la fórmula empleada por el sandinismo con el fin de aniquilar contrincantes que le supusieran una derrota en las elecciones de noviembre, de las que se declararon ganadores y cuyo abstencionismo fue del 81%.

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Para tal efecto, Ortega detuvo a más de 40 personajes de la política, entre ellos aspirantes presidenciales, antes, había aprobado leyes que condenaban el derecho a ser oponente.

“Los fiscales iniciaron investigaciones contra la mayoría de ellos por supuesta “traición a la patria”…Los cargos que suponen penas de 15 a 25 años de prisión, iban desde lavado de dinero hasta, en la mayoría de los casos, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En al menos 14 casos, los fiscales no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados”, explica HRW en su informe Nicaragua Eventos 2021.

 

Las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y periodistas independientes, fueron blanco de la violenta embestida gubernamental: allanamientos, cancelación de personerías, acusaciones infundadas, campañas de desprestigio y odio, buscaban alimentar un rechazo agudizado entre sus pocos seguidores, los que aplaudían los atropellos a la libertad de prensa, expresión y el derecho a la libre asociación.

En este acápite de la historia, el Ejército de Nicaragua participó como una de las instituciones acusadoras, apegadas al discurso del régimen.

“Entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2021, las autoridades ordenaron el cierre de 45 ONG, incluidas agrupaciones de mujeres, organizaciones de asistencia internacional y varias asociaciones médicas. El gobierno ya había cerrado otras diez organizaciones desde 2018. En 2019, el Comandante en Jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, acusó a varias ONG de haber intentado un “golpe de Estado”, aseveró HRW.

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La situación político-social causó desesperanza y terror en miles de nicaragüenses que decidieron huir de la violencia y es que “desde abril de 2018 hasta junio de 2021, más de 110.000 personas huyeron de Nicaragua”, informó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

El tema sanitario es otro aspecto de crítica y reproche a la dictadura. Su mecanismo de acción contra el virus fue la negación, inacción y falta de transparencia, indica Human Rights Watch en el documento.

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