Tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que permanecieron secuestrados junto a monseñor Rolando Álvarez, en la Curia Episcopal de Matagalpa, fueron acusados en Nicaragua por la justicia al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, por la supuesta comisión de los delitos de «conspiración» o «traición a la patria», y «propagación de noticias falsas».
Trece días después que la Fiscalía sandinista inició un proceso judicial en contra de los siete religiosos secuestrados en el que el fiscal Manuel de Jesús Rugama fue el encargado de dirigir la acusación, el Poder Judicial reveló los cargos que se les imputan a casi dos meses de cumplirse su arresto arbitrario y forzoso en Matagalpa.
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Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, de igual forma el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, Sergio Cadena Flores, todos en cautiverio dentro de las celdas de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como el Chipote.
Audiencias secretas, el nuevo método de la dictadura
El pasado 22 de septiembre la dictadura realizó «en secreto» audiencia en contra de los sacerdotes y seminaristas allegados al obispo Álvarez, mediante la cual la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, admitió las acusaciones y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, el régimen asignó defensores públicos a cada uno de los acusados, como ha ocurrido en otros casos de presos políticos, y programó la audiencia inicial para este viernes siete de octubre.
El exjudicial Yader Morazán, escribió en su perfil de twitter que la justicia sandinista «esta vez simularon un poco más» en el caso, al solicitar la Tramitación Completa mientras la defensa pública se oponía. No obstante, siguen realizando las audiencias clandestinas con defensas impuestas», y finalmente se concedió la Tramitación Compleja.
Según Morazán, esta declaración «es una especie de proceso con términos duplicados que corresponde únicamente a delitos del crimen organizado que no es el caso, y apercibió a la policía de garantizar la salud de los privados de libertad».
¿Qué pasa con el obispo Álvarez?
Al cumplirse dos meses de supuestas investigaciones policiales en contra de Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa y Administrado Apostólico de Estelí, el Ministerio Público del régimen aún no presenta ninguna acusación penal.
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Tras su detención forzosa el pasado 19 de agosto en horas de la madrugada, y luego que la policía sancionada informara de su violento arresto y traslado a Managua bajo supuesto régimen carcelario en su domicilio familiar, no se conoce ninguna información sobre su condición física y de salud.
