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Declaración de desacato de la Corte IDH provocaría más sanciones contra el Estado asegura experto

La decisión podría acarrear más presión por parte de países como Estados Unidos, Suiza, la Unión Europea entre otros o que traería como consecuencia una nueva ola de sanciones a dirigentes del régimen e instituciones del gobierno como tal.

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El pasado 22 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acusó al Estado de Nicaragua por desacato a las medidas otorgadas a 22 presas y presos políticos que están sometidos a tortura y han sido enjuiciados sin derecho legítimo a la defensa desde mayo 2021.

Los efectos que causa la declaración de la Corte IDH son que esta última informa a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la causa, para que tome acciones con consecuencias diplomáticas contra Nicaragua, explica Alexandro Álvarez, ex coordinador del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).

El abogado explicó que, a pesar de la decisión tomada por la dictadura de los Ortega Murillo de sacar a Nicaragua de la OEA, esto último no interviene en las decisiones que pueda tomar el organismo para sancionar al país, de forma política, a nivel internacional.

“El efecto de lo que está haciendo hoy día Nicaragua sólo va a tener efecto dentro de dos años, por lo tanto, se pueden tomar medidas específicas en términos políticos (…) la salida no es automática, además, solo se está denunciando la carta de la OEA, no se está denunciando ninguno de los otros tratados interamericanos que obligan a Nicaragua, por ejemplo: la Convención Americana de Derechos Humanos, que es aquella en la cual se basan todas las solicitudes de medidas cautelares y medidas provisionales que se han dispuesto en relación a Nicaragua”, explicó el experto.

Ortega y su cúpula quiere evitar responsabilidad

Así mismo, la acusación de desacato hacia el Estado, realizada por el organismo internacional, podría acarrear más presión por parte de países como Estados Unidos, Suiza, la Unión Europea, entre otros o que traería como consecuencia, una nueva ola de sanciones a dirigentes del régimen e instituciones del gobierno como tal.

Por otro lado, Álvarez interpretó la actitud hostil de la política exterior de Ortega como “una intención de dar una señal para permitir que algunos Estados del mundo que han manifestado su voluntad de intervenir en Nicaragua”, lo hagan y que, de esta forma, se creen las condiciones para un nuevo diálogo con mediación internacional y se puedan obtener salidas negociadas para los allegados al régimen.

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“El aumento de la represión por parte del Estado de Nicaragua, puede ser vista con mucha desesperanza, pero demuestra, a como lo han dicho algunos analistas, que el régimen y sus autoridades saben lo grave de lo que está ocurriendo y quieren evitar responsabilidad por estos casos (…). La mala noticia es que eso no va a ocurrir, dado los estándares y las políticas internacionales que rigen las normas internacionales sobre los derechos humanos”, añadió el diplomático.

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