Dictadura busca extinguir periodismo independiente forzando al exilio a más periodistas

La red regional Voces del Sur documentó seis alertas en su Informe mensual de violaciones a la Libertad de Prensa correspondiente al mes de noviembre 2022, en el que se registraron al menos cuatro casos de periodistas que buscaron el exilio ante el peligro que representa ejercer el periodismo con la dictadura sandinista.

“Voces del Sur conoció que en el mes de noviembre al menos 4 periodistas se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica”, indica la red.

En el informe, Voces del Sur destaca que documentó 5 denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales, producidas en el contexto del proceso de las votaciones municipales, pero que no fueron registradas a solicitud de las víctimas.

“En total se documentaron 6 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 5 fueron perpetrados en contra de periodistas (83.3 %) y 1 contra un medio de comunicación (16.7 %). Del total de 6 casos registrados, estos recayeron entre 5 víctimas; 4 personas naturales y 1 medio de comunicación. De las personas naturales 2 son del género femenino y 2 del género masculino”, detalla el informe de Voces del Sur.

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Amenazas a periodistas continúan

La red señala que una de las denuncias es de un periodista que fue víctima de amenazas en redes sociales en dos oportunidades.

La red lamenta que por cuarto mes consecutivo la periodista Yahaciela Barrera ha sido víctima de agresiones y amenazas y advierte que la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur siga siendo una región de alto riesgo para ejercer el periodismo independiente.

Tres ciudadanos enjuiciados bajo la Ley Mordaza y de “Soberanía”

El informe de Voces del Sur indica que “el promotor de la Libertad de Prensa en el departamento de Carazo conoció que tres ciudadanos fueron enjuiciados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación lo que evidencia que el gobierno de Nicaragua sigue aplicando la Ley 1042 y 1055 en contra de sus disidentes”.

Las personas acusadas son Sandra Del Carmen Acevedo Díaz y Allan Sebastián Bermúdez, originarios de Diriamba; estos fueron remitidos a juicio el pasado 21 de noviembre, así mismo Karla Patricia Vega, originaria del municipio de El Rosario, quien se mantiene detenida sin acceso a defensa y sin información para su familia.

Voces del Sur demandó al Estado de Nicaragua ponga fin a la utilización de las leyes represivas en contra de sus disidentes y le recordó que hacer uso de las tecnologías de la comunicación e información no es un delito.

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Así mismo advirtió continuarán registrando y denunciando todas las irregularidades que se cometan en contra de los ciudadanos y la prensa independiente como se ha venido haciendo desde 2018, independientemente de todas las medidas represivas.

“Es necesario preservar el derecho y la seguridad de los ciudadanos teniendo presente su dignidad y el respeto a sus libertades fundamentales”, señala.

Decretos de Costa Rica limitan trabajo informativo y denuncia internacional

La red advirtió que la administración del presidente Rodrigo Chaves sorprendió a defensores de derechos humanos dentro y fuera de Costa Rica, luego que aprobara dos decretos en los que modifica las medidas y condiciones que hasta ese momento tenía este país en favor de los solicitantes de refugio.

“Días antes de la aprobación de estos decretos, Chaves declaró que su país no podía recibir más migrantes económicos y que muchos de los que aducen ser perseguidos políticos llegaban a trabajar y se aprovechaban de las condiciones de los ‘refugiados legítimos'”, indica.

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A criterio de Voces del Sur, estas nuevas disposiciones afectan tanto a periodistas como a activistas nicaragüenses, quienes a pesar de estar en el exilio continúan trabajando y denunciando las arbitrariedades que ocurren en Nicaragua, con la restricción
de salir del país se verán obligados a modificar la forma de denuncia.

Agrega que la misma medida limita la posibilidad de intercambios, estudios y actualizaciones entre pares ya que si bien la virtualidad es parte de la sociedad actual, la presencialidad es todavía una necesidad.