Audiencia inicial para religiosos de Matagalpa fue con el rostro cubierto y en secreto

El abogado Yader Morazán, experto en Derecho Penal, denunció en su cuenta de Twitter que los siete religiosos secuestrados por más de 15 días junto a Monseñor Rolando Álvarez antes del allanamiento ilegal en la Curia Episcopal de Matagalpa, fueron presentados en audiencia inicial con el rostro cubierto y de manera secreta este lunes 23 de agosto en el Complejo Judicial de Managua.

Se trata de los padres José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa de San Pedro, respectivamente, Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; así como los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, el camarógrafo Sergio Cárdenas y el sacerdote Raúl González.

Anterior a esto, los religiosos fueron forzosamente llevados al centro de investigación y Tortura El Chipote, después de 18 días en un limbo jurídico y traslado forzado para sacarlos de la jurisdicción que les tocaba ser “procesados”.

Yader Morazán califica este proceso como “una mal llamada audiencia” que carece de garantías de derechos y que es dirigida por la nueva jueza, Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

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#AbroHilo 1/10 I #LoÚltimo del Caso de las siete personas secuestradas por más de 15 días junto a monseñor Rolando Álvarez antes del allanamiento ilegal en la Curia Episcopal de Matagalpa y que fueron trasladas forzosamente al centro de investigación y Tortura #ElChipote: 👇

— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) August 24, 2022

Morazán en su denuncia indica que la mal llamada audiencia se hizo de forma clandestina y validada por un grupo “selectivo” de “defensores” públicos.

Esperaron a que se fueran los trabajadores 

Según la fuente de Yader Morazán (que por temor no puede hablar), esta audiencia se celebró por la tarde del lunes 22 de Agosto del 2022, en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua (No.6), una vez que se había retirado el personal que sale a la 1:00 de la tarde de su jornada laboral.

Así mismo, Morazán detalla que, según su informante, los siete religiosos fueron llevados ahí con el rostro cubierto y, como era de esperarse, en esa encerrona no hubo resistencia para la formalización de la “detención” de 90 días para “complementar” actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega.

Por su parte, indica que la Fiscalía tampoco argumentó las razones por las cuales necesitan más tiempo para complementar actos de investigación sobre los religiosos católicos, ni sobre en qué indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados.

“¡Y a a la jueza ni le interesó preguntar!”, advierte el abogado Morazán.

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Eliminan visibilidad de expedientes al público 

Por otro lado, agrega Morazán, la Defensoría Pública está en contubernio con el nuevo presidente del Tribunal de Apelaciones, Ernesto Rodríguez, quien es quién dirige y llama a la directora de la Defensoría, Clarissa Ibarra, para bajar orientaciones a los defensores de su grupo de confianza que cubrirán las audiencias.

Morazán advierte que Rodríguez hace lo mismo con la asignación del juez de “confianza” que llevará el caso y toda la logística que implica desde manipular el sistema “aleatorio” para la asignación del expediente, como la autorización de eliminar la visibilidad para que el público no vea ni el expediente virtual.

Además subraya que no hay forma de acceder al expediente en físico, ni obtener información para saber si existe una causa en trámite de determinada persona y mucho menos presentar un escrito pidiendo intervención de ley para ejercer como defensa, ni se diga participar en la audiencia.

Estado opera como una mafia

Para el experto en Derecho Penal, Yader Morazán, el Estado actúa como una verdadera mafia al mantener a los religiosos en desaparición forzada, sustraerlos de su jurisdicción, sin abogado defensor y sin comunicación con sus familiares.

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“Estamos delante de un Estado que opera como mafia y se confabula para sustraer a los procesados de su juez natural, mantenerlos en condiciones de desaparición forzada, sin comunicación con sus familiares o abogados y sin derechos humanitarios o menos del debido proceso”, denuncia Morazán en su cuenta de Twitter.

Morazán añade a su denuncia que los casos en contra de los religiosos son planificados desde el Ejecutivo, se crean las condiciones en el Poder Legislativo, anticipan sus amenazas a través de las declaraciones de la vocera oficial, pasando por diputados y divulgadores y terminando en las manos de los operadores del Sistema Judicial dirigido por policías.