Denuncia: Dictadura impide a exiliados contar con documentos oficiales

Las organizaciones de la Sociedad Civil y personas autoconvocadas, integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, denunciaron este martes las persistentes violaciones a los Derechos Humanos de los nicaragüenses no sólo dentro de Nicaragua, sino también en el exilio.

La denuncia hecha por estos movimientos se da a raíz de la negativa de las autoridades de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica a la ex guerrillera Mónica Baltodano y a su familia, de dar trámite a la renovación de sus pasaportes, sin darle una justificación y sólo se limitaron a decirle que “los tramitara en Managua”.

Indican que la dictadura de Ortega y Murillo está impidiendo que personas en el exilio cuenten con documentos oficiales que acrediten su identidad, nacionalidad, puedan ejercer sus derechos laborales y el logro de refugio, asilo o reconocimiento por parte de cualquier Estado.

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“Sin documentación, la dictadura les impide la libre movilización, obstaculiza sus aspiraciones estudiantiles, académicas o de circulación para fines turísticos o de salud, que se suman a las anteriores violaciones de derechos, garantizados a nivel constitucional”, agregan en su denuncia.

Protección del Estado a nicaragüenses en el extranjero es un derecho

Las organizaciones sustentaron que en el Arto. 28 de la Constitución Política de Nicaragua, se establece entre los Derechos, Deberes y Garantías del pueblo nicaragüense, que quienes se encuentren en el extranjero, gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares. Asimismo, el Arto 31 establece que las y los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país, refutaron.

“El Estado nicaragüense está obligado a proteger a la ciudadanía y a darle agilidad a los trámites que requiera en cualquier parte del mundo donde existan representaciones diplomáticas”, dice la denuncia.

Los grupos se solidarizaron con la familia López Baltodano, que está siendo afectada por las nuevas arbitrariedades de Ortega, que, además de forzarla al exilio y de confiscar la organización social desde donde promovían los derechos de las comunidades, le está impidiendo el ejercicio de su derecho a solicitar pasaportes y movilizarse hacia otros países o acceder a oportunidades laborales, afectando todas sus libertades.

“Órdenes de arriba”

Las “órdenes de arriba”, frase con la cual justifican sus negativas los funcionarios de Ortega, sin dejar constancia de sus abusos en comunicaciones oficiales, también fueron denunciadas por los organismos, quienes dijeron conocer que en el exilio se entorpecen los trámites en embajadas y consulados nicaragüenses en países de la región u otras partes del mundo.

A la vez, hicieron el llamado a los movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y a la Comunidad Nacional e Internacional, -sobre todo a organismos de Derechos Humanos- a que denuncien lo que consideran una vil y absurda estrategia de muerte civil que el régimen aplica en su desgobierno.

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“De la misma manera, hacemos el llamado a la ciudadanía nicaragüense a sumarse dentro de sus posibilidades a la gran Jornada de Abril, conmemorando el 4to aniversario de la rebelión social que comenzó en el 2018, manteniendo el ánimo, que la lucha sigue!, con la convicción que pronto recuperaremos las calles logrando el retorno seguro de miles de nicaragüenses en el exilio”, concluyen en su denuncia.