Familiares de víctimas piden a la ONU garantizar justicia durante rendición de cuentas de la dictadura

Uno de los elementos tomados en cuenta en la Organización de Naciones Unidas para aprobar la creación del mecanismo de rendición de cuentas a la dictadura sandinista, fue el informe “Dictadura y represión en Nicaragua: lucha contra la impunidad”.

En el compilado de al menos 15 organizaciones de Derechos Humanos, se actualizó la grave situación que se vive, la masividad y sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejecutivo, sus instituciones públicas y grupos paramilitares, así como instituciones armadas.

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En el documento solicitan investigar a profundidad, los casos que permanecen acallados y ocultados por el régimen que intenta librarse de ser procesado, producto de su letalidad injustificada.

“Confiamos que el grupo de 3 personas expertas en derechos humanos dedicado a investigar, reunir, y preservar pruebas, junto a la formulación de recomendaciones, contribuirá a mejorar la situación de derechos humanos, proporcionará orientación sobre el acceso a la justicia y rendición de cuentas en nuestro país, significa un avance en nuestra lucha contra la impunidad”, se lee en el informe enviado a la ONU.

Las organizaciones en donde hay incluidas las familias de las víctimas del régimen orteguista, consideran que el mecanismo representa una “oportunidad” en pro del cumplimiento de las “obligaciones internacionales” sobre la responsabilidad que debe asumir Ortega-murillo por la ejecución de los crímenes que dejó 350 víctimas sin acceso a la justicia.

De igual manera explican que el paso enruta a los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, que garanticen el alivio a los familiares de las víctimas, que siguen bajo amenazas y persecución.

Dictadura no reconoce víctimas de represión gubernamental 

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos junto a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional llevan a cabo, desde hace varias semanas, lo que denominan “Consultas con las víctimas” que no son precisamente las que, desde el seno de la población, demandan la rendición de cuentas a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su ideal atienden a supuestas víctimas de un “golpe de estado”, con el fin de analizar los alcances de las leyes represivas contra opositores y manifestantes que, cívicamente, se alzaron para demandar democracia, justicia y el cese de la violencia estatal.

“Las Comisiones Parlamentarias continuarán recibiendo los aportes de las víctimas de la violencia sobre las últimas leyes penales que son aplicadas a los que cometen crímenes de odio”, establece la sandinista Asamblea Nacional en un comunicado.

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Ortega y su Poder Judicial mantienen tras las rejas a más de 170 reos de conciencia, a los que acusó de cometer supuestos “crímenes de odio”, “cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.