Periodistas independientes condenan cierre de Asociación de Periodistas de Nicaragua y FVBCH

Los Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, (PCIN), emitieron un pronunciamiento en donde rechazan la decisión gubernamental arbitraria de cancelar las personalidades jurídicas de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, (APN) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por constituir un mayor deterioro de las libertades en Nicaragua.
Las y los periodistas agremiados en PCIN condenaron que el régimen de Daniel Ortega deteriore, especialmente, la Libertad de Expresión y el Derecho de Asociación.

Afirman además que la APN y la FVBCH han contribuido al sano debate de las ideas, mediante la propuesta de un pensamiento crítico, necesario para la construcción de un verdadero Estado de Derecho.

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“Desde nuestra organización exigimos la reversión de estas y otras acciones que violentan los derechos fundamentales de la sociedad y transgreden las normas establecidas”, dicta el pronunciamiento de los y las periodistas independientes.

PCIN también expresó su solidaridad con las víctimas de estos actos condenables, especialmente con quienes sufren la privación de su libertad por motivaciones políticas.

“Sin libertad de expresión, no hay democracia”, concluye el comunicado del gremio periodístico independiente.

El régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de 25 oenegés, entre ellas la APN y la FVBCH. El Ministerio de Gobernación las señala de  “violar las normas contra el lavado de dinero, así como las de orden administrativo que rigen su operación”. Además de no reportar sus juntas directivas, con lo que, según ellos, violan la Ley General sobre Personas Jurídicas.

El Ministerio de Gobernación también las acusa de “violar” la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva.

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La institución, controlada por el sandinismo, afirma que con los supuestos delitos anteriores, las asociaciones promueven la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a los objetivos y fines por los cuales, la Asamblea Nacional, les otorgó la personalidad jurídica.