Preso político Benjamín Gutiérrez recibe medidas cautelares de la CIDH

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor del preso político Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, las cuales fueron tramitadas por este Colectivo, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.

En la resolución, la CIDH, expone el caso de Benjamín Gutiérrez, detenido arbitrariamente en enero de 2021, sufriendo además la privación de su libertad, actos de amenazas, violencia en la cárcel y no ha recibido atención médica necesaria por lo que su salud se ha deteriorado gravemente.

“Las violaciones a los derechos humanos de Gutiérrez iniciaron luego de las protestas de abril 2018, cuando él junto a su esposa, Noelia Cano Espinoza, eran concejal y concejal suplente, respectivamente, en la Alcaldía de Masaya, por el Partido de Resistencia Nicaragüense (PRN), el cual es aliado del FSLN”, exponen en la resolución.

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En la resolución se recoge que la directiva del PRN ordenó que realizaran “contramarchas”,
dirigieran ataques y amenazaran contra opositores, lo cual se negaron a cumplir. A raíz de
las negativas, la familia Gutiérrez Cano, fue relegada de las actividades partidarias y despojados de sus cargos.

Benjamín Gutiérrez y José Manuel Urbina Lara, presos políticos de Ortega, reciben medidas cautelares de la @CIDH por encontrarse en situación de grave riesgo. Las medidas fueron gestionadas por el @cenidh y el @ColectivoNunca https://t.co/UinEcGHePR pic.twitter.com/2CcfVG5Kcp

— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) January 6, 2022

Amenazados de muerte y familiares asesinados

Dos familiares de Gutiérrez fueron asesinados en el contexto de las protestas, por
lo que el presidente del PRN les prohibió asistir a los entierros por ser “en contra de la
alianza”.

“Empezaron a recibir amenazas de muerte y cárcel por llamadas y mensajes; por ello su esposa abandonó la vivienda con sus hijos y actualmente se encuentran en el exilio”, detalla la resolución.

El 15 de septiembre de 2018, se determinó una orden captura y allanamiento, emitida por
el Juez Décimo del Distrito Penal de Audiencias, en contra de Gutiérrez, por delitos de
terrorismo, robo agravado, daño agravado, tenencia y uso de armas restringidas y
secuestro simple, que serían usadas comúnmente en contra de las personas manifestantes
o consideradas opositoras. Esto hizo que se desplazara forzadamente de su casa, pero este
proceso judicial se habría cerrado en virtud de la Ley de Amnistía en junio de 2019.

Recapturado y condenado en 2021

El 13 de enero de 2021 fue detenido y golpeado por agentes policiales que irrumpieron en
la casa donde estaba bajo resguardo y lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial, “El
Chipote”, donde sufrió fuertes golpizas sin que un médico lo revisara.

El 15 de marzo de 2021, fue condenado a 14 años y 11 meses de prisión, sin acceso a un debido proceso legal y enviado el Centro Penitenciario Jorge Navarro, sin recibir atención médica a la fecha. Según familiares, Benjamín en la cárcel ha sufrido torturas y agresiones por parte de custodios, de otros reos comunes, alentados por agentes penitenciarios.

“El Estado de Nicaragua rechazó las denuncias y manifestó que la intención de las medidas cautelares sería evitar que Benjamín Ernesto cumpla la condena impuesta, negando además que se encuentra en situación de riesgo”, dice el escrito.

Por lo expuesto, la Comisión considera que en el caso de Benjamín, se reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento, por lo que solicita a Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del beneficiario, que reciba acceso a atención médica necesaria y adecuada, concierte las medidas e informe sobre las acciones adelantadas, a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

“Solicita al Estado de Nicaragua que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”, solicitó la CIDH.

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Por su parte, El Colectivo demanda al Estado de Nicaragua el cumplimiento de las referidas medidas a favor de Benjamín Ernesto para que se respete su vida, integridad personal y libertad individual e igualmente sus derechos humanos.

“Exigimos al Estado de Nicaragua cese de la represión contra la ciudadanía que reclama el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y la inmediata libertad de todas las personas presas políticas”, demandó el Colectivo.