Oenegés despojadas de personerías demandan al Estado de Nicaragua ante la CIDH

La Fundación del Río y Popol Na, dos oenegés que fueron despojadas arbitrariamente de sus personerías jurídicas y despojadas de sus edificios, anunciaron que demandarán al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación de la petición ante la CIDH de ambas organizaciones esta siendo acompañadas legalmente por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

La Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobó el 13 de diciembre de 2018, de manera arbitraria, el Decreto 8514-2018 en donde cancela la personería jurídica de la Fundación Popol Na para la Promoción y Desarrollo Municipal; ese mismo día, mediante el Decreto 8512-2018, también fue cancelada la personería jurídica de Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río).

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“Estas organizaciones y otras 7 organizaciones de sociedad civil han sido víctimas del despojo de sus bienes, allanamiento, expropiación y robo por parte de aparatos Estatales. Ambas organizaciones han venido dando la batalla legal en Nicaragua, introduciendo recursos de amparos, recursos por inconstitucionalidad y escritos por retardación de justicia, sin que haya respuesta de la Corte Suprema de Justicia a sus solicitudes”, dicta la nota de prensa emitida por estos dos organismos.

Amaru Ruiz, representante de Fundación del Río, a través de la nota de prensa, manifestó que en vista que ya han agotado todas las instancias legales nacionales, ellos como organización decidieron elevar el caso a las instancias internacionales de la CIDH, en la defensa de los derechos humanos que les han sido violado, como la libertad de asociación, el derecho al trabajo, los derechos a las garantías judiciales, los derechos de libertad de reunión, de circulación, de pensamiento, de expresión y los derechos a la integridad personal y la vida privada.

“Con esta acción, nuevamente el Estado de Nicaragua vuelve a estar señalado a nivel internacional de violar los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, este caso seria el inicio de un proceso legal internacional que podría dilatar mas de 5 años para su resolución, pero que podría establecer precedentes y jurisprudencia en la defensa de la liberta de asociación en Nicaragua”, dice la nota de prensa.

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