• Managua, Nicaragua
  • 4:40 pm
  • May 19, 2021

Maestros en Nicaragua obligados a obedecer órdenes políticas del gobierno de Ortega.

Por Jacksell Herrera Los gremios de los profesionales de la Educación en Nicaragua se han enfrentado al gran reto después de las protestas del 2018: Amenazas, despidos injustificados y en el peor de los casos encarcelados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales. En el mes de abril del año 2018, surgió el estallido social […]
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Por Jacksell Herrera

Los gremios de los profesionales de la Educación en Nicaragua se han enfrentado al gran reto después de las protestas del 2018: Amenazas, despidos injustificados y en el peor de los casos encarcelados por su participación en las manifestaciones antigubernamentales.

En el mes de abril del año 2018, surgió el estallido social por la inconformidad con las reformas del seguro social, donde diversos movimientos sociales, organizaciones, partidos políticos y sociedad civil, salieron a las calles a manifestarse. A eso se sumaron docentes de colegios públicos.

El gobierno de Ortega reaccionó ordenando a la policía y a las turbas sandinistas a reprimir estas protestas; después armó a las fuerzas para estatales (paramilitares) para asesinar a los manifestantes. Las represiones a dichas protestas causaron alrededor de 325 personas fallecidas, según los organismos de derechos humanos; represión que fue condenada por Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

En su momento, las cárceles de Nicaragua se llenaron de manifestantes detenidos y las salas judiciales trabajaron para enjuiciar a opositores, en su gran mayoría acusados de “terrorismo”, “perjuicios al Estado”, “asesinato” “crimen organizado”, “robo” y “uso de armas restringidas”, entre otros delitos graves que se les fueron fabricados, según denunciaron los organismos de derechos humanos.

La represión del MINED se recrudeció una vez concluida la “Operación Limpieza”

El Ministerio de Educación, (MINED), después de esas sangrientas manifestaciones, se ha debilitado en cuanto a la educación de calidad, por preferencias políticas y la ola destitución de sus cargos a los docentes, después de su participación en estas manifestaciones.

En el departamento de Jinotega, 8 maestros fueron destituidos por los delegados municipales, uno de ellos fue encarcelado e inhabilitado de sus funciones de docente.

Se trata del maestro Joel Blandón Villagra, docente universitario, quien impartía clases de secundaria en el Benjamín Zeledón. En el inicio de las protestas del año 2018, salió a las calles con una bandera al hombro en apoyo a los estudiantes, también participó en el levantamiento de las barricadas en Jinotega, donde en la “Operación Limpieza” en el mes de julio hubo 4 muertos, Leyting Chavarría Pérez, Bryan Picado, Benito Rodríguez y Abraham Castro, en el contexto de las barricadas y las marchas.

El docente Blandón Villagra fue arrestado el 24 de julio del 2018, por su participación en manifestaciones, así mismo inhabilitado de sus funciones en Jinotega y presentado por la Policía como terrorista, acusado de asesinato, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestro simple, siendo condenado por Adela Auxiliadora Cardoza Bravo, Jueza Segunda de Distrito Penal de Juicio de Managua, quien funge como instrumento del régimen para castigar y condenar a presos políticos, posterior a esto, él fue inhibido automáticamente de sus funciones como docente en el MINED.

Después de haber salido bajo el beneficio de Ley de Amnistía, el 11 del 2019, Joel ya no pudo seguir impartiendo clase y el asedio y hostigamiento ha sido constante, por no coincidir con la ideología política del FSLN.

Maestros despedidos por participar en marchas y no obedecer órdenes políticas.

Es el caso de los dos hermanos que fueron despedidos injustificadamente, Dina Rodríguez y William Rodríguez, ambos participaron en las manifestaciones a inicios del mes de mayo. En cuanto a esto, funcionarios del MINED, les llamaron la atención por su participación en las marchas, y les advirtieron que de continuar sus manifestaciones contra el gobierno, iban a ser despedidos, que mejor trabajaran con el partido de gobierno FSLN, porque “gracias al gobierno estaban en el cargo”.

Ambos se negaron a este llamado de atención y continuaron en la lucha. El 08 del mes de febrero, William Rodríguez, fue notificado sobre su despido y Dina Rodríguez el 18 de febrero del mismo año 2019. La carta de despido fue firmada por Martha Cano Ruiz, Técnica de Recursos Laborales y Tyrone Pineda González, Delegado Municipal del MINED, en Jinotega.

 

Después de haber sido despedidos han sido asediados por simpatizantes del régimen de Daniel ortega. En el caso de Dina Rodríguez, su casa ha sido manchada con dibujos de calaveras, que reflejan muerte, como un método de represalia y amenaza hacia ella.

Según el escrito, eran despedidos por haber violado el Código de Ética en el artículo 32 de la Ley de Carrera Docente, pero  Mynor Curtis, del Cenidh, asegura que “es una falsa afirmación que los maestros fueran destituidos de conformidad al artículo 32 de la Ley de Carrera Docente porque, en la realidad, los maestros no habían quebrantado ninguna de las 6 causales que contempla el artículo 32 de la referida ley, para destituir a un maestro de conformidad a la ley de la materia”.

Los docentes que aún permanecen activos ejerciendo su profesión, para preservar su trabajo, para alimentar su familia y no caer en el desempleo, han tenido que mostrarse neutrales u obedecer las orientaciones que el Secretario Político del FSLN da a los delegados del MINED del municipio. Los maestros son amenazados y obligados a “rendir culto” al presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y Primera Dama Rosario Murillo, haciendo proselitismo político.

Capacitados para defender el voto del FSLN

Actualmente están siendo instruidos para trabajar en los Comicios Electorales de noviembre 2021, siendo integrados a los Comandos Electorales “Unidades de Victoria Electoral” (UVE), que son dirigidos por la vicepresidenta Murillo y que fueron lanzados el 8 de noviembre del 2020, cuando se conmemoró el 44 aniversario del asesinato del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, con la finalidad de mantener vigilancia hacia la oposición y hacer campañas políticas en relación al gobierno de ortega.

Según una fuente, en Jinotega, los maestros están siendo capacitados e instruidos en el zonal, donde siempre se han reunido los paramilitares liderados por alcalde Leónidas Centeno, quien funge como líder supremo y protegidos por el jefe de la Policía, Marvin Castro, desde el 2018, mismos que participaron en el plan “limpieza y desmonte de barricadas” en el barrio Sandino y otros puntos del municipio, dejando a varios muertos.

A los docentes de más confianza, que se han declarado sandinistas dispuestos a dar su vida por mantener en el poder a Ortega, los están preparando para trabajar en las Juntas Receptoras de Voto (JRV), eligiendo a los primeros y segundos miembros y les han prometido extenderle un certificado de reconocimiento por su participación y lealtad al gobierno.

CPC cómplices de despidos de los profesionales de la Educación.

Los integrantes de grupos del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), que fueron creados en el año 2007 por Rosario Murillo, después del 2018 se encargaban de reportar a la policía y al zonal,  a los profesores que participaban en las manifestaciones, para luego tomar represalias contra ellos.

Según el defensor Mynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los maestros han sido ultrajados y se les han violado sus derechos humanos por el gobierno sandinista y el plan que está ejecutando a través del MINED para mantenerse en el poder.

En los últimos días, los profesores, han operado como funcionarios de gobierno por que han sido obligados y si no cumplen las órdenes son destituidos, dejando un rastro destructor en la educación de Nicaragua.

De acuerdo al análisis de Curtis, es válido mencionar que el MINED, en su calidad de órgano represor contra los docentes, violó los derechos que les asisten a los maestros, consagrados en el artículo 36 de la Ley de Carrera Docente, pues dentro de un abanico de métodos que usaba este órgano represivo de los maestros, fue el de trasladar a los docentes a lugares remotos donde se les dificultaba el poder llegar a ese lugar y les aumentaba los costos en cuanto a la manutención de estos, como cualquier otro método represivo del Ministerio Educación.

Otro método represivo que utilizó el MINED, fue trasladar los maestros autoconvocados de secundaria, los enviaban a dar clases en las escuelas de primaria, violando lo que estatuye el artículo 36 de la Ley de Carrera Docente, en el numeral 2 que dispone: “Son derechos de los docentes gozar de estabilidad en el trabajo”; sin embargo, esta estabilidad desapareció para los docentes que alzaron su voz en el marco de las protestas y el Ministerio de Educación como represalia procuró la inestabilidad en el cargo de los docentes.

La ley dispone en cuanto a los derechos que tienen los docentes que no podrán ser trasladados removidos o despedido sin causa justificada y sin cumplir los procedimientos establecidos a este efecto por la Ley de la Materia Docente. Sin embargo, el Ministerio de Educación, actuando como un órgano represivo y criminalizador, inventó supuestos hechos delictivos contra algunos maestros que fueron procesados en diferentes departamentos de la República de Nicaragua.

También estos despidos injustificados por parte del Ministerio de Educación violan los derechos laborales que tienen los docentes consagrados en la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 80, el que dispone que, “el trabajo es un derecho y una responsabilidad social, el trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación.

“El estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses en condiciones que garanticen sus derechos fundamentales de personas”; sin embargo el Ministerio de Educación ha violado el artículo de ley, al despedir a los docentes sin tener una causa justa para la destitución.

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