Seis expresidentes de Costa Rica acusan a la dictadura en Nicaragua de “crímenes de lesa humanidad”
Seis (de nueve) expresidentes costarricenses aún activos se pronunciaron por la muerte de Brooklyn Rivera, condenando a la dictadura sandinista.
Siete de los nueve expresidentes costarricenses que aún viven. Imagen de referencia.
- Cortesía
Seis expresidentes de Costa Rica se sumaron a una declaración internacional que acusa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad y exige a la comunidad internacional adoptar medidas concretas para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos denunciadas en Nicaragua.
Los exmandatarios costarricenses Carlos Alvarado, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís respaldaron el pronunciamiento emitido por el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado por exjefes de Estado y de gobierno iberoamericanos.
La declaración fue difundida días después de la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskitu y exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido forzosamente desde su captura por la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2023.
Los firmantes sostienen que la desaparición prolongada de Rivera, seguida por su fallecimiento en circunstancias aún no esclarecidas, constituye un hecho que debe ser investigado internacionalmente.
Asimismo, denunciaron la posterior detención y desaparición forzada de familiares y allegados del dirigente indígena que viajaron a Managua para reclamar sus restos mortales.
“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil“, señalaron los exgobernantes en el documento.
Exigen investigación
Los exmandatarios sostienen que el Estado nicaragüense carece de las condiciones necesarias para garantizar una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Rivera y las denuncias de desapariciones forzadas. Por ello, llamaron a otros Estados a ejercer el principio de jurisdicción universal para perseguir penalmente los presuntos responsables.
“Ante la imposibilidad de una investigación imparcial en Nicaragua, corresponde a los Estados democráticos asumir sus obligaciones internacionales de protección colectiva“, indica la declaración.
El llamado está dirigido a organismos internacionales, gobiernos democráticos y tribunales internacionales, incluyendo a la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.
Entre los firmantes también figuran los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy; los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón; los colombianos Andrés Pastrana e Iván Duque; entre otros que integran el Grupo IDEA.
La muerte de Rivera ha provocado una ola de condenas internacionales. En los últimos días se han pronunciado el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Socialista, organizaciones indígenas del Caribe nicaragüense y decenas de organismos de derechos humanos, sumándose a la exigencia de justicia.
Rivera fue una de las figuras más emblemáticas de la etnia miskita y de la lucha por la autonomía del Caribe. Fue miembro fundador del partido indígena YATAMA y encabezó durante décadas la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense.
Su captura en septiembre de 2023 ocurrió poco después de denunciar ante Naciones Unidas la situación de los territorios indígenas y los ataques contra las comunidades de la Costa Caribe. Durante más de dos años el régimen negó información oficial sobre su paradero y estado de salud, resultando en su muerte.
