Nicaragua: dictadura apresa y desaparece a ciudadanos

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a por lo menos 73 ciudadanos —opositores, activistas, periodistas— bajo prisión política, según recopila el Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas de Nicaragua.

Pero Claudia Pineda, colaboradora de la iniciativa, aclaró que ello “no significa que ese sea el número total de personas presas políticas en Nicaragua“. Ni tampoco que la cifra de 33 víctimas de desaparición forzada esté completa.

Sólo se trata de “aquellas (personas) sobre las cuales tenemos información fidedigna y tenemos confirmación de parte de personas allegadas que estas personas efectivamente están en las cárceles de Nicaragua“, de ahí que Naciones Unidas estime un total de hasta 120 desaparecidos por la fuerza.

Pineda mencionó los reportes que han recibido sobre su situación tras las rejas.

“Estas personas se encuentran siempre en condiciones precarias, con poca asistencia a su salud, con mala alimentación, con agua contaminada. Están sufriendo enfermedades que son absolutamente prevenibles y otras enfermedades crónicas que no están siendo atendidas como debe ser“, detalló.

Algunos de estos detenidos son personas ya en edad avanzada.

“Y tenemos dos casos, como ya sabemos, de personas que fueron entregadas sin vida. Y eso nos hace pensar que las condiciones en las que estaban o el tratamiento que están sufriendo, pues les llevó a perder la vida“, añadió.

Se refiere a los casos de Mauricio Alonso, de 64 años, entregado muerto el 25 de agosto por las autoridades sandinistas; y de Carlos Cárdenas, de 68 años, cuya muerte en prisión fue confirmada el 29 de agosto. Ambas muertes fueron condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ello se ha hecho imperativo confirmar el bienestar de los detenidos.

“Nosotros estamos pidiendo pruebas de vida, definitivamente“, afirmó Pineda. “Te podés imaginar lo que significa para las familias no saber absolutamente nada de tu familiar que está encerrado en una cárcel y que no tenés idea si está bien, si está mal, si está enfermo, si come, si no come o incluso si está con vida“.

“Para nosotros eso es fundamental, ponerlos en el lugar de las familias y acompañarlas lo más posible“, acotó.

La comunidad internacional

La insistencia se hace ante la Comunidad Internacional. Pineda considera importante continuar con la denuncia permanente, subrayando que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, según se codifica en instrumentos de Derecho internacional como las convenciones para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Pineda aboga porque los países de acogida, como la vecina Costa Rica, “sean mucho más activos en la protección internacional a las personas exiliadas, a las personas refugiadas“, sobre todo considerando las instancias documentadas de represión transnacional que han resultado incluso en atentados y asesinatos.

“Hay una serie de violaciones también de derechos humanos hacia las personas que están en el exilio, que deben de ser consideradas por los países de acogida. Costa Rica ha sido uno de los países más abiertos a la hora de acoger a las personas refugiadas… pero consideramos que debe tomar mediddas” para coartar la represión, que es un atentado contra “su propia soberanía”, valoró la experta.

“Estamos esperando a que el gobierno de Costa Rica reaccione. Hemos recibido buenas noticias respecto al tratamiento en el caso de Roberto Sancam, pero también hemos recibido algunas noticias menos esperanzadoras en el caso de los hostigamientos a los activistas, a los periodistas, que la respuesta todavía es muy débil, muy tímida”, relató.

Aún así, Pineda deposita su confianza en la labor de las autoridades costarricenses.

La dictadura sandinista en Nicaragua mantiene un régimen represivo desde que en 2018 un estallido social, liderado por manifestantes pro-democracia, exigió la renuncia de Ortega y una convocatoria a elecciones libres. El régimen respondió con violencia, asesinando a más de 350 ciudadanos, forzando a decenas de miles al exilio y dejando al país en un estado de tensión y declive generalizado.