Asesinato de Samcam evidencia represión transnacional de la dictadura, denuncia el GHREN

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas reconoció que el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica, a manos de presuntos sicarios al servicio del Ejército sandinista de Nicaragua, exhibe el peligro que supone la represión transnacional para los refugiados nicaragüenses.

Así fue documentado en el documento Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, publicado por el GHREN este martes, 23 de septiembre. El documento recopila violaciones a los derechos humanos perpetradas por o con colaboración de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estas violaciones incluyen:

• privaciones arbitrarias de la nacionalidad,
• prohibiciones de entrada al país;
• denegación de emisión de documentos oficiales como pasaportes, títulos y otros documentos de registro civil;
• confiscaciones de bienes y despojo económico;
• vigilancia, amenazas y hostigamiento;
• violencia física;
• uso indebido de mecanismos de cooperación y control internacionales,
• castigo por asociación (contra familiares de víctimas)

Los incidentes de violencia quedan al frente de las preocupaciones del GHREN considerando el asesinato de Samcam el 19 de junio de este año.

Tanto el ataque contra Samcam como otros varios documentados, nota el GHREN, “mostraban un alto nivel de organización“, reconociendo a otras víctimas en ataques similares —tiroteos, muchas veces fatales— desde 2021, como el que dejó con severas secuelas físicas a la pareja de opositores Joao Maldonado y Nadia Robleto en enero de 2024 en Costa Rica.

“No puede descartarse la posibilidad de que dichos asesinatos e intentos de asesinato formen parte de un patrón más amplio de violaciones transnacionales de derechos humanos dirigidas contra nicaragüenses en el exilio“, insiste el GHREN, haciendo un llamado a la investigación consciente y precisa de estos delitos.

Es importante “no sólo perseguir a las y los autores directos, sino también examinar todos los posibles móviles —incluidos los políticos— y procurar establecer la responsabilidad de quienes hayan podido ordenar o planificar los crímenes“, agrega el Grupo.

Refinación de la represión

Este informe recoge por lo menos 22 casos confirmados de desapariciones forzadas, principalmente de opositores políticos y activistas, de un total de más de 70 presos políticos aún bajo secuestro de la dictadura. Asimismo, destaca el desarollo de nuevas modalidades de represión dentro de los paradigmas ya documentados.

Uno de estos es la represión digital. El informe habla de un “sistema de vigilancia, amplio y metódico, que hace un uso sustancial de tecnologías digitales” y que “se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua“, permitiendo a la dictadura y a grupos afines “hostigar, desacreditar y amenazar a personas nicaragüenses en el exilio”.

“Sus acciones se han dirigido principalmente contra excombatientes sandinistas y de la Contra (la Resistencia Nicaragüense), exmiembros del ejército, periodistas, figuras políticas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos”, explica el informe.

A luz de estos hallazgos, el Grupo reiteró la “urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan“.

Una recomendación crucial consiste en llevar casos de impacto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como lo sería una demanda por la revocación de la nacionalidad en perjuicio de más de 450 personas desde 2023. Tales represalias constituyen una violación de la Convención para la Reducción de la Apatridia, a la cual el país se adhirió en 2013.