Nicaragua elimina obligatoriedad de prueba negativa Covid-19 para ingresar al país

El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa), informó que a partir de este 16 de junio la obligatoriedad de prueba negativa del Covid-19 como requisito para ingresar al país, queda eliminada.

En su lugar, las autoridades sanitarias indicaron que solamente se solicitará el esquema completo de vacunación contra el patógeno, que ha cobrado la vida de más de 240 nicaragüenses, según datos oficiales del Minsa.

“No se pedirá como requisito de ingreso al país, un resultado negativo RT-PCR para COVID-19, solamente se requerirá el esquema de vacunación completa contra esta enfermedad”, informó la institución sanitaria a través de un comunicado difundido en medios oficialistas.

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Asimismo, reiteró que las personas que no cumplan con el requisito de esquema completo de vacunación para ingresar a Nicaragua, sí deberán presentar un resultado negativo de RT-PCR para Covid-19, con 72 horas desde la toma de la muestra, hasta el ingreso al país.

“La presente Resolución Ministerial surte efecto a partir de la fecha”, finalizó el Minsa.

Cabe destacar que Nicaragua es uno de los pocos países de la región que aún mantenía vigente el requisito sanitario de prueba negativa para ingresar al territorio, como estrategia de contención de la pandemia, a pesar que la dictadura sandinista desacató las orientaciones médicas de cancelar las actividades de aglomeración de personas, principalmente las que el régimen realiza con motivos políticos.

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La plataforma digital Despacho 505, destacó que “desde el año 2020, cuando el Ministerio de Salud comenzó a cobrar 150 dólares por la prueba a cada viajero, el uso y destino de esos fondos ha sido objeto de cuestión”.

Además, reveló que el servicio de toma de prueba PCR en el país, dejó una ganancia de al menos 102.7 millones de dólares solo en 2021, aunque la cifra puede ser ascendente.

Incluso, expertos advirtieron que el cálculo realizado, pese a estar basado en datos oficiales, tienen un margen de error, dada la opacidad con que se gestiona el servicio estatal.