Diputados de Costa Rica demandan al gobierno de Chaves esclarecer atentado contra opositor Joao Maldonado

Seis días le tomó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para pronunciarse sobre el atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, quienes el pasado 10 de enero fueron rafagueados por unos pistoleros que según fueron enviados por los dictadores sandinistas para asesinar a los activistas acusados de ser “traidores de la patria”.

Es por ello que el plenario legislativo solicitó a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado, “y determinar si en nuestro país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses”.

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La petición fue respaldada por 35 diputados que votaron a favor de un conjunto de partidos y 8 en contra del oficialista Progreso Social Democrático, quienes aprobaron la “condena el cobarde ataque perpetrado contra Joao Maldonado, activista político opositor y exiliado nicaragüense y su esposa Nadia Robleto”.

Los legisladores criticaron la relación “cordial” que ha mantenido el presidente Rodrigo Chaves con el dictador sandinista Daniel Ortega, según sus declaraciones en diciembre de 2023 en una entrevista con EFE, por tanto, consideran que ponen en “duda los esfuerzos del gobierno para proteger a los refugiados nicaragüenses”.

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La relación “cordial” y de “consulta” entre el gobierno de Costa Rica y la dictadura sandinista, “no hacen más que tender una serie de dudas sobre los esfuerzos del
gobierno para proteger a los refugiados nicaragüenses en nuestro país. Por esta razón,
además, urgimos al Gobierno de la República a revisar los protocolos de protección de las
personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas”, urgieron los diputados ticos.

Los legisladores además demandaron al gobierno de Costa Rica expresar una clara condena y manifestar una enérgica censura al régimen Ortega-Murillo por violentar los derechos políticos básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense, encarcelar a reos de conciencia, perseguir a la prensa independiente, usurpar la propiedad privada, desterrar y despojar de su nacionalidad a opositores.