El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica (MREC), exhortó este martes al régimen de Daniel Ortega a que respete “sus obligaciones internacionales” que promueven la “erradicación de la apatridia” y el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Esta sería la primera vez que el gobierno tico se refiere a los 317 nicaragüenses en situación apátrida tras su destierro “inconstitucional” por orden de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, la sancionada Rosario Murillo.
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Mediante un comunicado, la cancillería costarricense afirmó que su gobierno “hace eco de las recientes manifestaciones por parte de organismos internacionales que expresan preocupación por la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses”, para quienes reiteró su respaldo.
“Costa Rica hace un llamado e insta a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia, y especialmente, a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos”, dicta la misiva oficial.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves, manifestó que sus señalamientos sobre Nicaragua se unen a las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, que exigen al régimen sandinista el respeto a los acuerdos internacionales por “promover una reforma legislativa que permite privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía”.
Acuerdo “prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad”
Costa Rica valoró que esta medida “arbitraria” también “contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, de los cuales Nicaragua es parte”.
“Para Costa Rica, que mantiene fuerte presencia en los foros internacionales de derechos humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, agrega la misiva.
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La dictadura sandinista ha despojado de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, religiosos, políticos, y escritores, mientras mantiene privado de su libertad y en condiciones de torturas al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión.