El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dio a conocer los resultados de sus “elecciones de autoridades”, donde aclaran que ante “la ausencia” de su presidente Michael Healy, será el aliado de Daniel Ortega César Zamora, quien seguirá como “presidente en funciones” de este organismo empresarial.

Cabe descatar que en ninguna línea del comunicado, el Cosep se toma la molestia de  aclarar o recodar que su presidente Michael Healy no está ausente por su propio gusto, sino porque está en la cárcel, junto a más de 185 personas presas políticas, por órdenes de la dictadura orteguista que gobierna en Nicaragua.

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El comunicado del Cosep revela que tras las elecciones de este 28 de septiembre, los cargos electos quedaron de la siguiente forma: César Zamora, primer vicepresidente; James Scott Vaughn, como segundo vicepresidente; Eves Ruiz García, tercer vicepresidente; Dean García Foster, secretario; Reynaldo Gómez González, tesorero y Ramiro Ortiz Gurdián como fiscal.

Cosep no explica por qué es la ausencia de Healy

“Asimismo en esta sesión especial asumió como presidente en funciones del Cosep el licenciado César Zamora Hinojos. Este procedimiento quedó ratificado de acuerdo a lo establecido en los estatutos del cosep los cuales se instituyen que en ausencia de su presidente electo Michael Healy, es el primer vicepresidente quién asume el cargo“, destaca el comunicado del organisnmo empresarial.

Healy llegó a la presidencia del Cosep en septiembre del 2020.

En octubre del 2021 lo detienen guardias de la policía de Daniel Ortega, y el 10 de mayo de este año lo sentencia a 13 años el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito Penal de Juicio de Managua.

El mismo día que capturan a Healy -el jueves 21 de octubre de 2021- tambien detienen al vice presidente del Cosep, el productor ganadero Álvaro Vargas, que también fue presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y en mayo de este año lo sentencia el mismo juez Fernández a pasar nueve años en la cárcel.

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Los dirigentes empresariales fueron hallados culpables por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense y por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del gobierno de Nicaragua, entre otros.

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