Una corte de Instrucción de El Salvador abrirá un juicio contra el expresidente de ese país Mauricio Funes (2009-2014), por la tregua que supuestamente impulsó su administración con las pandillas entre 2012-2014, y girará orden de captura contra el exmandatario.

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La audiencia preliminar contra Funes ya se instaló en el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador y enfrenta dicho proceso penal en calidad de ausente, a pesar de que ahora el expresidente dice ya no ser más salvadoreño, desde que el dictador Daniel Ortega le regaló o probablemente le vendió una ciudadanía nicaragüense.

A Mauricio Funes, acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, se le vio en las recientes elecciones municipales del 6 de noviembre de este año, como todo buen ciudadano nicaragüense, votando por los candidatos del sandinismo en Managua.

El juzgado ordenó apertura de juicio contra el exmandatario y ratificó la detención provisional porque “existe fuga y evasión del imputado para que responda ante la justicia salvadoreña”, por lo tanto lo declaró rebelde y emitirá orden de detención, tal como lo establecen las reformas al Código Penal.

La Asamblea Legislativa de amplía mayoría oficialista aprobó reformas al Código Procesal Penal el 21 de septiembre de este año, y habilitó a los tribunales para que puedan concluir un proceso en ausencia de los imputados.

Una de estas reformas indica que “la audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa”.

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Antes de estas reformas, no se podía avanzar más allá de la etapa de instrucción sin la presencia de los acusados.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas de criminales.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades controladas por las pandillas  y una menor presencia de las fuerzas policiales.

En su momento Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.

Sin embargo, en el juicio contra quienes opearon dicha tregua, el general David Munguía Payés, ministro de Seguridad en la época de Funes, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de “pacificación”.

Tras fracarsar la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en El Salvador en 2014, diparándose a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

(Con información de EFE)

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