El Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica rechazó la reciente declaración pública del presidente Rodrigo Chaves de cerrar puertas a las personas refugiadas políticas, a quienes se refirió como “migrantes económicos”, y exhortó al mandatario cumplir con los deberes y derechos del estado costarricense con las personas refugiadas.

“RECHAZAMOS CATEGÓRICAMENTE ‘las advertencias’ del presidente Rodrigo Chaves
que pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica”, dicta la misiva firmada por Karina Fonseca Vindas, directora nacional del Servicio Jesuita para Migrantes de ese país.

Este miércoles Chaves dijo en conferencia de prensa que “no podemos seguir aceptando refugiados, que no son refugiados políticos, sino que son refugiados económicos”, y señaló la falta de apoyo de parte de la comunidad internacional para responder a la crisis migratoria que vive la región.

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Antes estas declaraciones, la comunidad Jesuita de Costa Rica justificó que “las limitaciones” son asuntos que ha enfrentado el país “por décadas” para cumplir en tiempo y forma con todos los procesos que tienen a cargo.

Además, Fonseca Vindas se dirigió a Chaves y le recordó que las únicas autoridades para tomar dicha decisión según las legislación vigente del país y los acuerdos internacionales, son la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, y el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM).

“Es fundamental no caer en un tratamiento ligero de la tragedia que significa la movilidad forzada de personas y la complejidad de los flujos migratorios que suceden en Costa Rica y el resto del continente”, agrega la carta oficial.

Jesuitas aclara que régimen de refugio y persecución política, son distintas

Chaves también puntualizó este miércoles que actualmente el país cuenta con una enorme lista de 200 mil solicitudes de “refugio político”, con la cual permite que el extranjero tenga derecho, a no solo quedarse en Costa Rica, sino también aprovechar las oportunidades laborales.

Fonseca Vindas respondió a esta afirmación y explicó que “es fundamental no reducir el concepto de persona refugiada Costa Rica a una persecución por razones políticas”, por lo que pidió al mandatario de turno “insistir en la definición establecida en la normativa nacional y su correcto uso”.

“Es muy importante y urgente que la Administración de gobierno del señor Chaves, priorice, por encima a los reclamos que hace a la comunidad internacional, la protección, la seguridad jurídica y la eficiencia en la prestación de servicios públicos a los que está obligado el Estado Costarricense, para con las personas refugiadas en el país”, añade.

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La comunidad de Jesuitas demandó a Chaves tener “humildad” para reconocer el legado económico de las personas en movilidad forzadas en Costa Rica, quienes con “su esfuerzo de trabajo” contribuye al estado tico, como también lo confirmó un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

“Estaremos muy al pendiente de “la carta o los procesos de esta semana” que, según sus afirmaciones, se establecerán en adelante, ante la situación de las personas refugiadas en Costa Rica”, finalizó la carta.

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