Miembros del Comité de Derechos Huamanos de la Organización de Naciones Unidias (ONU), lamentan que una vez más el régimen de Daniel Ortega decide ausentarse y no comparacer ni dar respuesta sobre los graves señalamientos de violación a los DDHH en Nicaragua.

Después de reiterados recordatorios, el comité de la ONU le dijo al régimen de Nicaragua que enviara sus respuestas a las graves denuncias de violaciones a los derechos civiles y políticos que ocurren en Nicaragua, a más tardar el 10 de octubre del 2022.

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Los miembros del comité refieren que “se informó a Nicaraga que si la delegación del estado parte no comparace ante el comité de DDHH, este procedería con el examen del informe del estado parte y presentaría sus observaciones finales durante el actual período de sesiones de la ONU”.

“Puesto que el comité no ha recibido ninguna respuesta a las comunicaciones por parte de Nicaragua y como pueden ver el estado parte no envió una delegacion, el comité pasará al examen del informe del estado parte de conformidad al reglamento de la ONU”, expresó una representante del comité.

Agrega además que “la situacion es especialmente preocupante, ya que Nicaragua no se ha comunicado con ninguno de los órganos de tratado en donde tuvo que presentar un informe ante el comité contra la tortura en julio del 2022 y ante el comité pata la eliminación de la discriminación racial en agosto del 2022”.

Todo este desprecio del régimen de Nicaragua por cumplir con las peticiones de los organismos de Naciones Unidas, a pesar de que el país está obligado como estado miembro del consejo se la ONU, ocurre en momentos en que la situación de los presos políticos se agrava aún más.

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Este martes, familiares de personas presas políticas denunciaron que llevan más de 50 días de estar incomunicadas con sus seres queridos.

No obstante, el Comité de DDHH de la ONU, dice que continúan recibiendo reportes de detenciones arbitrarias, falta de independencia del poder judicial, persecución política y religiosa, por mencionar algunas de las violaciones a los DDHH por parte del régimen.

Ortega ignora a la ONU

El régimen de Nicaragua no contestó la llamada “Lista de Cuestiones”, y no actualizó el informe presentado en 2019 a este Comité, lo que evidencia la ausencia de voluntad de colaborar con el órgano de tratado de Naciones Unidas; además, el Estado de Nicaragua no se presentó a la revisión prevista para este 19 de octubre”, denuncia un grupo de nicaragüenses de varias organizaciones de la sociead civil.

El Comité de Derechos Humanos, a pesar de la ausencia del Estado, hizo referencia a las cuestiones que esperaba que el Gobierno de Nicaragua contestara, tal como la independencia judicial, las violaciones de Derechos Humanos a pueblos indígenas y afrodescendientes, situación de personas trans, violencia contra las mujeres, tratos inhumanos, degradantes y tortura a personas presas políticas, violencia sexual, ausencia de condiciones en las elecciones generales y municipales, entre otras.

Hasta la fecha se contabilizan más de 219 personas detenidas por razones políticas, varias de ellas condenadas a penas de prisión de entre 8 y 27 años, quienes son objeto de tratos crueles y tortura en las celdas del país.

Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado entre 2021 y 2022, y solo en este año el régimen de Daniel Ortega ha clausurado al menos 23 estaciones de radio y televisión.

Los ataques a la libertad de prensa han provocado que al menos 137 periodistas se hayan exiliado desde 2018.

Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial.

Autoridad electoral no garantiza
independencia e imparcialidad

Hasta la fecha se ha cancelado la personalidad jurídica de más de 2,475 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a defensa de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, entidades religiosas y otras.

Las elecciones de 2021 y 2022 han sido lideradas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) conformado por magistrados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La autoridad electoral no garantiza independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos, por el contrario, sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto al que tienen derecho las y los nicaragüenses.

En 2021, se eliminaron arbitraria e ilegalmente 3 partidos políticos opositores y en 2022, se tomaron ilegal e inconstitucionalmente 5 alcaldías opositoras.

Estos datos se suman a la política de terror y persecución ejecutada por el Estado de Nicaragua contra las personas opositoras, que entre otras cosas incluye: hostigamiento policial, expulsiones, despidos, desapariciones, cancelaciones y ocupaciones de organizaciones, confiscaciones de medios de comunicación, violencia sexual, negación del derecho a la salud y la supresión absoluta de las libertades fundamentales de opinión, expresión, organización y asociación.

Todo esto operado por una amplia red de complicidad formada por policías, militares,
civiles, paramilitares y funcionarios públicos.

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